El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha alertado de que se va a producir una "avalancha" de despidos, puesto que muchas empresas han comenzado a devolver las ayudas de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), y ha pedido a los tribunales "un esfuerzo mayor".
Durante la inauguración de una jornada organizada por el sindicato junto con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "Tiempos de crisis: Soluciones laborales", Álvarez ha asegurado que el fondo de garantía salarial (Fogasa) va a recibir una avalancha de solicitudes.
"Estamos viendo cómo muchas empresas han comenzado a reembolsar a la Administración el coste del ERTE para proceder al despido, después de ver que no es viable la empresa por el largo periodo que lleva en esa situación", ha asegurado el líder de UGT.
"Somos conscientes de que esto es así y pido al CGPJ un esfuerzo mayor porque vamos a tener muchas necesidades en las magistraturas, en los juzgados de lo social", ha dicho.
Para Álvarez, los ERTE han sido "un descubrimiento en este proceso que hemos vivido", pero confía en que "podamos seguir manteniendo los niveles de protección" actuales que, aunque "son pocos", son "un hito en la historia de España".
"Podemos y debemos en el futuro perfeccionar el funcionamiento de los ERTE", ha recalcado Álvarez, quien, no obstante, ha reconocido que en algunos casos "se han presentado sin demasiado control" y han mostrado "la fragilidad de la Administración desde el punto de vista de la gestión".
Para Álvarez es fundamental que los ERTE puedan servir para hacer procesos de ajuste tecnológico o de mercado concretos, acompañados de procesos de formación.
Aunque ha planteado algunos cambios legislativos que ha traído el confinamiento, como la regulación del trabajo a distancia, ha considerado que hay otros que se han quedado aparcados.
Este es el caso de la derogación de la reforma laboral, "un mantra" que se repite desde hace cinco años sin que se haya producido, ya sea porque "se convocan elecciones o porque hay una pandemia".
En este sentido, ha señalado la posibilidad de, por un lado, derogar totalmente la reforma laboral de 2012, sustituyendo una parte por la legislación anterior y otra por acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social.
Otra opción, ha dicho, sería derogar los aspectos más lesivos, mientras que la última posibilidad, la elaboración de un nuevo estatuto de los trabajadores, "no debería darse hasta que no se produzcan las dos opciones anteriores".
Fuente: Consejo General de Graduados Sociales de España