Los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) ligados al Covid prometen seguir siendo una herramienta clave en el apuntalamiento del empleo en la pandemia durante buena parte del 2021. Gobierno y agentes sociales iniciaron el viernes una nueva negociación para prorrogar la vigencia de estos instrumentos más allá del plazo actual, que vece el 31 de enero. Aunque no llegó a alcanzarse un principio de acuerdo formal, como llegó a trascender en un primer momento, los agentes sociales respondieron favorablemente a la propuesta del Ejecutivo de abordar una extensión hasta el 31 de mayo.
La fecha logró “bastante consenso” entre los miembros del diálogo social, según confirman las distintas partes, dado que permitiría cubrir íntegramente la duración inicialmente prevista para el actual estado de alarma, que rige hasta el 9 de mayo, acompañando así al resto de medidas y restricciones desplegadas para contener la nueva oleada de contagios.
El Gobierno la ha planteado porque los ERTE deben estar vigentes durante meses completos, por lo que mantenerlos vivos durante todo el periodo de excepción constitucional exigía agotar el mes en el que está previsto que finalice. Para los agentes sociales se trata de un mínimo aceptable, habida cuenta que la patronal viene defendido una prórroga de al menos seis meses y que los sindicatos abogan por prorrogar los ERTE automáticamente hasta el final de la pandemia.
Esbozado este consenso, queda por definir la letra pequeña del acuerdo, para lo que las partes se han citado a seguir negociando a partir del próximo lunes. La idea, según fuentes oficiales, es tratar de alcanzar un pacto detallado para el 15 de enero, a fin de dar dos semanas de margen a las empresas y trabajadores para adaptarse a los posibles cambios, evitando un nuevo acuerdo in extremis apurando el plazo. Algo que ya ocurrió a finales de septiembre, cuando la prórroga vigente se desbloqueó apenas 48 horas antes del fin del periodo entonces fijado.
Desde el Gobierno anticipan que no son partidarios de grandes cambios en el diseño de los ERTE actual, si bien el Ejecutivo busca ir modulando estos instrumentos para ligarlos a procesos de formación de los trabajadores afectados, que les permita aprovechar el tiempo de inactividad para mejorar sus competencias o salir reforzados de cara a la búsqueda de nuevos empleos.
La buena sintonía en torno a la extensión del plazo no fue una sorpresa, pues empresarios y representantes de los trabajadores ya venían reclamando una nueva prórroga, mientras que la propia vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya había revelado un día antes que la intención del Ejecutivo era mantener los ERTE ligados al Covid más allá del 31 de enero, aunque no había detallado la fecha.
Queda por ver en qué términos se pacta su extensión, después de que en 2020 tuvieran un coste público de 14.000 millones de euros entre exenciones a empresarios y prestaciones a empleados. Hoy día hay unos 755.000 trabajadores sujetos a estos expedientes, frente a los 3,4 millones que llegó a haber en abril, lo que ha permitido contener la destrucción de empleos de 2020 a 360.000, evitando que superase el millón.
PATRONAL Y SINDICATOS CHOCAN A CUENTA DEL VETO A LOS DESPIDOS
El consenso entre patronal y sindicatos en torno a los beneficios de los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) como fórmula para proteger el empleo durante la pandemia y sobre la necesidad de volver a extenderlos, al menos, hasta primavera, tiene una importante fuga alrededor de los despidos.
Según los sindicatos, el veto a aplicar ajustes durante un periodo de seis meses tras beneficiarse de un ERTE, so pena de que el empresario tenga que devolver todas las ayudas públicas que haya comportado su aprovechamiento, es un escudo laboral fundamental para evitar que estos expedientes acaben transformándose masivamente en despidos colectivos (ERE). La patronal lo ve como una inasumible factura para los empresarios que, pese a haber mantenido vivos esos puestos de trabajo durante meses de dura recesión económica terminen siendo incapaces de sostener los niveles de empleo precrisis.
“Nos guste o no va a tener que haber ajustes de plantilla. Esto ya no es marzo y las empresas tienen problemas de solvencia. Lo que no puede ser es que [si despiden] se las obligue a devolver todas las exenciones por haberse acogido a un ERTE cuando sería más lógico devolver la parte de esa persona que pudiera salir fuera, porque si no, en lugar de consolidar puestos de trabajo, vamos a destruir muchos más”, defendió el viernes el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, recogía Europa Press.
Por su parte, el líder de UGT, Pepe Álvarez, defendió como necesario que en la prórroga de los ERTE se cumpla lo acordado hasta ahora, manteniendo el veto a despedir durante seis meses. Álvarez reclamó al Gobierno que en este asunto “no saque ningún conejo de la chistera” y a la CEOE, que “sea una patronal europea y que no pida nada que no piden sus colegas de otros países europeos”. En este sentido, el líder sindical argumentó que en bastantes países de la Unión Europea “la prohibición de despedir después de un ERTE se extiende un año, no seis meses como en este país”, informa Marta Yoldi. El asunto promete convertirse en uno de los mayores puntos de fricción de la nueva negociación.
Más allá, Garamendi instó a involucrar al sector privado en la campaña de vacunación y a impulsar planes en las empresas.
Fuente: Consejo General de Graduados Sociales de España