El Gobierno quiere retrasar hasta los 65,5 años la edad real y efectiva de jubilación de los trabajadores en los próximos años, como una vía más para intentar atenuar el crecimiento del gasto en pensiones. Actualmente, la edad media de jubilación real en el sistema de la Seguridad Social está en los 64,3 años, y en los 62,7 años, si se incluye en los cálculos a los funcionarios.
Hay que tener en cuenta que los empleados públicos que todavía pertenecen a la Muface tiene derecho a jubilarse con toda la pensión a los 60 años, siempre que, como mínimo, hayan cotizado 35 años. Este régimen de jubilación dejará de existir en un periodo de 20 ó 30 años, pero todavía pondera para muchos cálculos de las pensiones.
En todo caso, aunque la edad legal de jubilación, con toda la pensión, avanza hacia los 67 años, por varias razones, muchos trabajadores se jubilan antes .
Por ejemplo, en los dos últimos años aumentaron quienes dejaban de trabajar, asustados por la posibilidad de que este año entrase en vigor el llamado Factor de Sostenibilidad del sistema. Es decir que la primera pensión se fije teniendo en cuenta la esperanza de vida del nuevo jubilado. En principio esto supone un recorte de la renta. De hecho la AIReF ha calculado que, en los próximos años, hubiera producido un ahorro del 0,6% del Producto Interior Bruto (PIB) al sistema de la Seguridad Social.
No obstante, el pacto que firmo el anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el PNV retrasó hasta 2023 la entrada en vigor de esta reforma. Incluso, el Ejecutivo ha decidido plantear a los agentes sociales otra propuesta que contribuya a fortalecer el sistema de pensiones, pero no suponga un recorte de la prestación, según informaron fuentes del Gobierno.
Normativas inexplicables
El adelanto en la edad real de jubilación también se debe a que más de una cuarta parte de las personas que se jubilan lo hacen obligadas por normativas “inexplicables o a punto a extinguirse en su actual formulación”, como es el caso de la jubilación parcial, que se ha prolongado hasta 2023. La consecuencia final de esta acumulación de factores es “una evolución de déficit exagerada”, que ha pasado del 0,1% del PIB en 2010 al 1,5% en los últimos años.
En todo caso, el Gobierno considera que el retraso en la edad real de jubiación, que no legal, “es una cuestión que debe ir acompañada de una reflexión profunda sobre la tasa de reemplazo, de incentivos a la continuidad en el mercado de trabajo y de introducir marcos flexibles entre actividad y jubilación”.
Así, entre las medidas que aprobó el Ejecutivo en el Real Decreto de medidas urgentes de diciembre, el Ejecutivo aprobó un beneficio para quienes han resultado perjudicados por haber estado en el paro durante la crisis. La Seguridad Social permitirá a estas personas suscribir un convenio especial para completar las lagunas de cotización que hayan tenido por estar en el desempleo.
Incluso, el Ejecutivo también piensa dar este beneficio a los jóvenes de prácticas y de formación por los que las empresas no han cotizado.
Prácticas y formación
En el mismo Real Decreto, el Gobierno ha hecho obligatoria la cotización de las empresas por la contratación de estas personas.
En esta línea de favorecer la contribución, la Seguridad Social también es favorable, como la Autoridad Fiscal, a extender a toda la vida laboral el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión. En 2019 está en 22 años, y en 2022, estará en 25 años. El Gobierno considera que esta reforma “no debería producir efectos negativos” en los pensionistas, e implantaría en España una medida que está en vigor en buena parte de la Unión Europea.
Fuente: Expansión Pro-Orbyt