- La reunión del lunes acabó sin acuerdo: no irá hoy al Consejo de Ministros
- El punto de conflicto radica en el recorte de las exoneraciones a las cotizaciones
- Amenaza con legislar por su cuenta si no cierra un acuerdo con agentes sociales
El Ministerio de Trabajo dejó caer a los agentes sociales, especialmente a la parte empresarial, que legislará por su cuenta si no se cierra un acuerdo en la ampliación de los Ertes, según explican a elEconomista fuentes de los negociadores. La Comisión Tripartita adelantó su día de reunión con la intención de buscar un consenso que hubiese permitido aprobar el nuevo real decreto ley (RDL) en el Consejo de Ministros del martes.
El conflicto ya no está en el límite de la prórroga, pues los agentes sociales aceptan que la nueva fecha de finalización de los Erte (en vigor hasta el 30 de junio) se alargue hasta el 30 de septiembre, entre otras cosas porque el Gobierno insiste en que no será una fecha rígida, dejando la puerta abierta a que en ciertos sectores y regiones vayan a final de año. Además, ofrece a los sindicatos que todos los trabajadores afectados seguirán disfrutando de las condiciones extraordinarias de las que gozan actualmente, según consta en un borrador remitido el domingo a los agentes sociales que fue debatido ayer por la tarde en una reunión que "pintaba mal".
"Vamos a dejar márgenes a la negociación. Creo que puede asegurarse que se van a prorrogar los ERTEs durante los próximos meses, pero está por definir en qué condiciones"
Tan mal, que tras cuatro horas de reunión, no hubo acuerdo y el Gobierno finalmente no llevará este martes para su aprobación al Consejo de Ministros la prórroga de los ERTE. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado "vamos a dejar márgenes a la negociación. Creo que puede asegurarse que se van a prorrogar los ERTEs durante los próximos meses, pero está por definir en qué condiciones y con qué especificidades respecto al último acuerdo al que llegamos", ha resaltado, tras incidir en que los ERTEs "van a seguir siendo una herramienta fundamental para sostener el empleo del país".
Con todo, una de las incógnitas que se despeja es que aquellos que estén más de seis meses en un expediente continuarán cobrando el 70% de la prestación (el 100% si es de una plantilla inferior a los cincuenta trabajadores) y no se reducirá al 50% cómo marca la ley, según fuentes conocedoras del borrador. Estas fuentes apuntan a que el acuerdo está cerca y no hay grandes diferencias entre el Gobierno y los agentes sociales.
Sin embargo, el mayor conflicto, según fuentes empresariales, proviene de las exoneraciones a las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores incluidos en un Erte que actualmente disfrutan las empresas. El Gobierno las mantendrá, aunque con reducciones, tal y cómo adelantó este diario. Así, el borrador que discutieron ayer mantiene la estructura anterior de primar las cuotas de los trabajadores que ya se hayan reincorporado a su puesto de trabajo según los meses de julio, agosto y septiembre en función del número de empleados de la empresa. Para las de menos de 50 trabajadores, el 60%, 50% y 40% respectivamente a cada mes y para los de más de 50, la rebajad sería del 35%, 25% y 15%, para los próximos tres meses hasta septiembre.
En el caso de los trabajadores que todavía sigan cobrando el desempleo, la exoneración será del 35%, 25% y 15% para los tres meses en empresas de menos de 50 empleados y del 20%, 10% y 5% para las mayores.
Otra de las intenciones del Gobierno es la sustitución de la entidad jurídica de los Ertes de fuerza mayor por los Ertes objetivos (Etop) no ligados al estado de alarma. Sin embargo, las condiciones se mantendrán y se producirá el cambio de forma automática, para que las autoridades laborales no tengan que volver a gestionar medio millón de expedientes. Una automatización que se extendería también al Sepe.
Aunque la ampliación a septiembre y no diciembre se da por hecho, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez mostró su enfado por que no se haya aceptado el final de año, aunque lo explicó en los problemas presupuestarios.
Fuente: Consejo General de Graduados Sociales de España