- La conciliación es lo que más preocupa a los empleados, mientras que las empresas están inquietas ante los cambios regulatorios que se prevén en los próximos meses
Los derechos de conciliación de los trabajadores, la indemnización por despido y su calificación o la jornada laboral, son algunas de las inquietudes que empresas y trabajadores comparten, aunque desde puntos de vista diferentes, e incluso, en ocasiones, enfrentados. Hoy, 1 de mayo, con motivo de la celebración del Día de Trabajador, corresponde hacer un repaso de los aspectos de la regulación laboral que más preocupan a ambas partes.
El ámbito laboral se ha convertido en uno de los que más dudas suscita entre los ciudadanos en España. Así lo señala el último informe del Observatorio Jurídico, en el que se revela que se trata de la segunda materia más consultada por los españoles en 2023, adelantando por segunda vez a los temas inmobiliarios (la primera fue en 2020 a raíz de la situación que provocó la pandemia). Concretamente, las llamadas de los ciudadanos sobre temas laborales se incrementaron un 0,64% en 2023, aglutinando el 17,47% de las cuestiones recibidas durante el año, solo por detrás de las relativas a consumo que supusieron el 25,87% y un punto por encima de las de inmobiliario (16,47%).
Unas posiciones que también se mantienen a lo largo del primer trimestre de 2024, período en el que del total de consultas recibidas el 31, 39% han sido de consumo, el 16,73% laborales y el 14,88% de asuntos inmobiliarios.
Eso sí, tal y como valora Lola Justo, abogada de Legálitas, las preocupaciones relacionadas con el trabajo han cambiado en los últimos años. Si bien durante la pandemia la mayor parte de las dudas sobre las que se pedía asesoramiento a la plataforma eran sobre los ERTE y el abono de las prestaciones por parte del SEPE, ahora la mayoría son sobre los derechos de conciliación de los trabajadores. Cómo solicitar una excedencia, una adaptación o una reducción de jornada, el teletrabajo o los permisos laborales, son algunas de las cuestiones que acaparan casi un tercio (30,52%) de las preguntas en materia laboral que recibe la compañía de servicios de asesoramiento, cuatro puntos más que el año anterior.
Por el contrario, las consultas relacionadas con prestaciones a la Seguridad Social y Mutuas han bajado cuatro puntos en 2023 respecto al año anterior, aunque continúan en segunda posición representando el 24,22% de las dudas en materia laboral. Las más numerosas, en este caso, son sobre altas médicas de la inspección o de las mutuas y denegaciones de incapacidades permanentes cuando el trabajador considera que no está recuperado para su reincorporación al puesto de trabajo. Asimismo, Lola Justo destaca que “de manera masiva desde el 2023 hasta principios del 2024 hemos recibido consultas sobre el complemento de maternidad por parte de trabajadores jubilados entre el 2016 y febrero de 2021, una vez reconocido su derecho por el Tribunal Supremo”.
Otro de los temas que más ha crecido en 2023 hasta convertirse en la tercera materia laboral más consultada es la contratación, con un 16,84%, adelantando así a las cuestiones relacionadas con los despidos (14,98%). Y es que, tal y como explica Lola Justo, “desde la entrada en vigor de la reforma laboral en marzo de 2022 aumentaron las consultas recibidas sobre los distintos tipos de contratos, su duración, indemnización y fraude de ley de estos ante una posible reclamación de despido”.
La regulación laboral también inquieta a la otra parte implicada en las relaciones de trabajo: las empresas. “Las principales preocupaciones a nivel empresarial se centran en el elevado número y dispersión de las obligaciones laborales”, subraya Mireia Sabaté, socia responsable del departamento laboral de Baker McKenzie. La abogada destaca que durante los últimos dos años se han aprobado diversas normas que imponen nuevas obligaciones en materia preventiva, tales como la implantación de un canal de denuncias, medidas de no discriminación y garantía integral de la libertad sexual o un protocolo de protección al colectivo LGTBI, entre otras.
En este sentido, Teresa Salinas, counsel de laboral de Eversheds Sutherland, coincide en que la carga de obligaciones que están asumiendo las empresas es una preocupación constante para ellas. Con especial incidencia, según resalta, en aquellos casos en los que estos nuevos deberes no vienen acompañados de una normativa de desarrollo clara que otorgue seguridad. “Como ocurrió con la obligación para empresas de más de 50 trabajadores de tener un conjunto de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que entró en vigor el pasado 2 de marzo, sin desarrollo reglamentario”, expone.
Para Ana Godino, socia de Sagardoy Abogados, la ampliación de los supuestos de nulidad en caso de extinción del contrato es uno de los temas de la actual normativa laboral que más inquieta a los empresarios. Por ejemplo, si el despido se produce mientras el trabajador está en incapacidad temporal, ya sea de corta o larga duración, lo más habitual, explica la abogada, es que se declare nulo porque la empresa no haya conseguido acreditar que el motivo del cese no es la baja médica. Algo que, en su opinión, requiere un importante esfuerzo probatorio por parte de la empresa para evitar que se alegue que ha habido discriminación.
Asimismo, Godino considera que las empresas cuentan con escasa flexibilidad para adaptar las condiciones de trabajo si existen causas económicas, productivas u organizativas, y con una alta dosis de inseguridad jurídica sobre las consecuencias de algunas de sus decisiones.
Otra de las cuestiones que genera incertidumbre entre los empresarios, son los nuevos permisos de conciliación, indica Paz de la Iglesia, socia responsable de laboral en DLA Piper. En particular, porque está por ver cómo los empleados van a hacer uso de ellos, especialmente, si al final tienen carácter retribuido. Un asunto que, según la letrada, puede derivar en pleitos como ya sucede con el ejercicio de otros derechos de conciliación como la adaptación de la jornada, “en los que la solución suele depender de si la empresa puede justificar la negativa a la solicitud del trabajador”.
A pesar de todo ello, para Paz de la Iglesia, por encima de estos temas, lo que más preocupa a las compañías es la situación macroeconómica y los cambios en la regulación laboral que se esperan para los próximos meses, como la posible modificación de la indemnización por despido, la reducción de la jornada máxima a 38,5 horas semanales (sin disminución proporcional del salario), o un nuevo aumento del SMI.
En definitiva, concluye Mireia Sabaté, existen varias cuestiones que son cada vez más importantes tanto para las personas trabajadoras como para las empresas, aunque desde su distinta perspectiva. Entre ellos, la abogada destaca los derechos de conciliación, los salarios y políticas salariales o la implantación de criterios ESG. Sobre este último punto, Sabaté matiza que “para las empresas es importante integrar objetivos sociales y para los trabajadores también lo son porque prefieren estar en empresas comprometidas con el medio ambiente y con ciertos movimientos sociales y en las que haya diversidad, igualdad e inclusión”.
Por su parte, Teresa Salinas defiende que el interés de las empresas va más allá de las cuestiones del día a día y está más centrado en las novedades legislativas que se prevén para los próximos meses y que pueden afectar a la planificación que, a medio y largo plazo, han hecho de su negocio. “La reforma de la indemnización por despido o el cambio en la extinción del contrato por incapacidad permanente, son cuestiones que las empresas siguen de cerca por su repercusión práctica”, sostiene.
Indemnización por despido. Las abogadas consultadas por CincoDías coinciden en que la reforma del despido para adaptarlo a las previsiones de la Carta Social Europea, de manera que la indemnización no sea tasada y que atienda a la reparación del daño de la persona cesada, creará inseguridad jurídica y será fuente de conflictos.
Igualdad de retribución. La trasposición de la directiva europea por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor va a derivar, anuncia Paz de la Iglesia, socia responsable de laboral en DLA Piper, en la implantación de medidas de transparencia retributiva y de mecanismos para su cumplimiento, que en su opinión generarán disputas entre trabajadores y empresas que tendrán que resolverse en los tribunales.
Medidas de conciliación. Para Ana Godino, socia de Sagardoy Abogados las peticiones de adaptación de jornada o de teletrabajar de los trabajadores para conciliar su vida personal y laboral, son un asunto conflictivo. “Los tribunales están siendo bastante permisivos en la concesión de las peticiones planteadas por los trabajadores”, señala la abogada.
Reducción jornada laboral. La anunciada reducción de la jornada laboral máxima sin reducción salarial conllevará, según Mireia Sabaté, socia responsable de laboral de Baker McKenzie, un gran debate para su implantación. “¿Cómo deberá ajustarse respecto de aquellas personas que disfrutan de una reducción de jornada? o ¿Cómo podrán las empresas encontrar un equilibrio entre el mantenimiento del nivel de producción y la reducción progresiva hasta las 37,5 horas semanales siendo a su vez eficientes?”, son algunas de las cuestiones que lanza Sabaté.
Fin del despido por incapacidad permanente total. Está prevista una modificación del Estatuto de los Trabajadores para eliminar la posibilidad de extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente total sin hacer previamente ajustes. “La actual propuesta de anteproyecto de ley en esta materia no establece unas reglas claras para estos casos y la propuesta incluye términos genéricos y susceptibles de amplia interpretación”, opina Teresa Salinas, counsel de laboral de Eversheds Sutherland.
Fuente: CincoDías