El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha marcado como objetivo la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, los primeros de su Ejecutivo, antes del verano. Es una de las prioridades del Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos, que en el consejo de ministros de hoy martes aprobará una subida del 2% del salario de los funcionarios.
En una entrevista emitida anoche en RTVE, Sánchez ha recalcado que su Gobierno pretende derogar los aspectos "más lesivos" de la reforma laboral al tiempo que ha abogado por acabar la legislatura con una cuantía del salario mínimo equivalente al 60% del sueldo medio si bien, aclaró deberán ser los agentes sociales los que marquen los ritmos de la subida.
No obstante, para Sánchez es esencial que haya nuevos presupuestos públicos porque las cuentas, todavía en vigor, fueron aprobadas por Cristóbal Montoro para el ejercicio de 2018. "Los necesitamos", ha enfatizado antes de pedir a la oposición que no bloquee el funcionamiento del Estado democrático. El presidente del Gobierno, en esta línea, ha abogado por la actualización del Pacto de Toledo sobre el futuro de las pensiones. "Vamos a pedir el apoyo de todas las fuerzas", ha asegurado.
Sobre la subida de salario de los funcionarios, que beneficiará a 2,5 millones de trabajadores, Sánchez ha subrayado que este incremento es "de justicia" porque los empleados públicos vieron recortados sus salarios durante la crisis. La intención del Ejecutivo es que esa subida salarial tenga efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, con lo que ya se percibiría en la nómina de este mes.
Emergencia climática
El Ejecutivo también tiene previsto aprobar hoy una declaración sobre la emergencia climática. El borrador de acuerdo, al que tiene previsto dar luz verde el Ejecutivo, se compromete en los primeros cien días a remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para alcanzar la neutralidad climática como muy tarde en 2050, sobre la base de un sistema energético cien por cien renovable, un parque de turismos y vehículos comerciales no contaminantes y un sistema agrario neutro en CO2.
Igualmente, se compromete a definir en este plazo la senda de descarbonización a largo plazo y presentar el segundo Plan Nacional de Adaptación, así como reforzar los mecanismos de participación a través de la puesta en marcha de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático. Del mismo modo, el Ejecutivo se compromete a impulsar la transformación del modelo industrial y del sector servicios, de modo que favorezcan la sostenibilidad de las actividades económicas y el empleo de calidad.
Cataluña
Además de los presupuestos y las medidas de carácter social, la prioridad absoluta del Gobierno es afrontar el "conflicto político" en Cataluña. Sánchez ha adelantado que su reunión prevista con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, se celebrará durante la primera semana de febrero. Además de con Torra, Sánchez tiene previsto reunirse con el resto de mandatarios autonómicos en sus respectivas comunidades.
El encuentro con Torra obligará a retrasar la primera reunión de la mesa de diálogo entre gobiernos pactada en el acuerdo de investidura sellado entre el PSOE y ERC, y que preveía una primera reunión quince días después de la formación del Gobierno.
Sánchez ha explicado que el presidente catalán había pedido que su reunión fuera previa a esa mesa, un requisito al que no ve "ningún problema". "Vamos con voluntad aunque hay grandes diferencias", ha reconocido el jefe del Ejecutivo, que ha remarcado que esa comisión bilateral es "perfectamente constitucional" y que el autogobierno es el "punto de encuentro de todos los catalanes"
En cualquier caso, el presidente del Gobierno ha querido dejar claro que su compromiso de "desjudicializar el conflicto" no conlleva impunidad. "Si yo no hiciera cumplir la ley estaría prevaricando", ha remarcado Sánchez, que sí ha abogado porque los políticos dejen de "esconderse" detrás del Tribunal Supremo para no abordar desde el diálogo y el consenso un conflicto de naturaleza política.
Por eso, ha lamentado que a pesar de que el desafío independentista en Cataluña es un problema "heredado" del anterior Gobierno del PP, su Ejecutivo no encuentre ni solidaridad ni "empatía" por parte del partido de Pablo Casado.
"Habrá partidos que querrán que no haya diálogo o que no haya acuerdo, porque viven muy bien del conflicto", ha criticado. No obstante, ha garantizado que el acuerdo para resolver el conflicto en Cataluña no puede incluir la autodeterminación, porque ese acuerdo, ha dicho, no puede basarse en "cosas que nos pueden dividir más".
Sí cree el presidente del Gobierno que el Código Penal, que incluye el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes independentistas, contiene tipos penales que no son homologables a los de otros países de la UE. En todo caso, cualquier posible modificación -ha dicho- corresponderá al Congreso y a los grupos parlamentarios.
Fuente: Consejo General de Graduados Sociales de España