- El grupo de funcionarios -unos 1.000- ha remitido una carta a Díaz, aún sin respuesta
- La apertura de oficinas sin seguridad para el covid-19, la gota que colma el vaso
- Denuncian que ya se han producido las primeras agresiones en las oficinas
Los ánimos están caldeados dentro del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La apertura de oficinas ha desatado el último encontronazo y Movimiento SEPE, un grupo de cerca de 1.000 funcionarios, ha dado el golpe encima de la mesa al pedir la dimisión del director general del organismo, Gerardo Gutiérrez Ardoy.
En una carta remitida a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y todavía sin respuesta, los citados empleados del SEPE lamentan no disponer de medios básicos para no temer por su integridad y seguridad laboral. "Si usted -Díaz- no contemplara esta opción, apelamos a la responsabilidad de Gerardo Gutiérrez Ardoy -el director general- para que presente su dimisión por la manifiesta incapacidad para gestionar el organismo en estos momentos", reza la misiva.
En declaraciones a elEconomista, una funcionaria del SEPE, que pide permanecer en el anonimato, asegura que están obligando a abrir oficinas sin que exista un protocolo de seguridad anti covid como sí lo hay en la Agencia Tributaria. Además, afirma la trabajadora, ya se están produciendo las primeras agresiones en las oficinas. "Ayer mismo hubo una al vigilante de seguridad de la oficina de Madrid-Azca", indica.
Esta situación, que cada vez se está haciendo más insostenible, ha llevado al casi millar de funcionarios del SEPE a dar un paso al frente. "Ni una hora de más", así de rotundos manifiestan su malestar a lo que han considerado un abuso durante los últimos meses ante la gestión de la avalancha de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Ertes) a la que han tenido que hacer frente.
Los trabajadores recuerdan que han trabajado jornadas maratonianas -término muy utilizado por la titular de Trabajo-, de hasta 12 o incluso 14 horas, durante festivos y fines de semana, en muchas ocasiones sin compensación alguna, aportando sus medios y equipos personales, desde sus domicilios, redundando en un deterioro de su salud y vida familiar.
Desde el Movimiento SEPE aseguran que ya se han notificado infartos debido a la situación de estrés constante durante varios meses. "Mientras unos han caído enfermos, otros han soportado esta situación a cientos de kilómetros de sus familias, debido a la nula movilidad que ofrece el organismo", se quejan.
"Debe entender (ministra) que la falta de consideración que están mostrando con nosotros ha puesto un límite del que difícilmente se puede volver atrás"
"Entendemos que son tiempos difíciles y que muchos ciudadanos dependen de nuestra labor, es por ello por lo que hemos estado realizando dichas funciones más allá de nuestro deber como empleados públicos", dicen en el colectivo, que recuerdan a la ministra que "tras haber hecho el esfuerzo de sacar adelante más de cinco millones de prestaciones (lo que supone un aumento medio de la carga de trabajo en un 531%) debe entender que la falta de consideración que están mostrando con nosotros ha puesto un límite del que difícilmente se puede volver atrás".
Estos funcionarios entienden ahora que tras haber tramitado el 98% de dichos Ertes -en palabras de Yolanda Díaz- es el momento de plantarse y llevar a cabo el estricto cumplimiento de su jornada laboral. Asimismo anuncian que en caso de que cualquier trabajador sufra agresiones, o sea contagiado de covid-19 tras desempeñar su trabajo en un puesto sin las condiciones de seguridad adecuadas, se reservan el derecho de emprender o apoyar como colectivo cualquier acción civil o penal con el fin de depurar las posibles responsabilidades.
Fuente: Consejo General de Graduados Sociales de España