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MODELOS DE PREVENCIÓN PENAL EXIGIBLES

3 julio 2015
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Hoy entra en vigor la última modificación del Código Penal, con importantes novedades en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Reafirma la importancia de los modelos de prevención penal en las empresas y, por ello, define un régimen claramente beneficioso para las que dispongan de ellos. Hay quienes piensan que no se trata realmente de una novedad, sino más bien de la aclaración de lo que ya era necesario, a la luz de lo acontecido en países con regulaciones análogas. Otros, sin embargo, ven en el texto en vigor un auténtico cambio de paradigma, al amparo, principalmente, de la exención de la responsabilidad criminal asociada a los modelos de prevención penal, auténtico factor diferencial. Al margen de cualquier debate técnico-jurídico, queda ya fuera de toda duda la utilidad de dichos modelos y la voluntad del legislador español de reforzar su importancia.

Aunque el tenor literal del Código Penal no obliga a disponer de tales modelos, su ausencia provoca un grave efecto adverso, cual es la imposibilidad de optar tal exención de responsabilidad penal en caso de producirse algún ilícito de aplicación. Adicionalmente, tal carencia delata la negligencia de quienes hubieran debido impulsar el modelo, esto es, los administradores, con las responsabilidades personales aparejadas con ello. Ponderando los efectos positivos con los negativos, el balance no deja ningún margen razonable a dudas.

Con ello se ha querido subrayar la importancia de que la empresa adopte un rol activo en la lucha contra delitos en las actividades comerciales, que es precisamente el objeto de la política criminal pretendida al introducir este tipo de figuras en los ordenamientos jurídicos. Al igual que sucedió previamente en otros países del entorno, queda reconocida en España la importancia de los modelos de prevención penal, como también está sucediendo a nivel supranacional: la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública obliga a excluir de los procedimientos de contratación a aquellos operadores que han incurrido en ciertos ilícitos penales, pudiendo ser redimidos cuando demuestren haber adoptado las medidas técnicas, organizativas y de personal concretas, apropiadas para evitar nuevas infracciones penales o faltas.

El Código penal no sólo promueve disponer de estos modelos, sino que establece los requisitos que han de contemplar: identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos; establecer los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos; disponer de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos; imponer la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención; establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo; y disponer de procesos de verificación periódica (del modelo) así como de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.

Es ilusorio pensar que un modelo de prevención penal puramente formal, aunque recoja estos requisitos, protegerá jurídicamente a la empresa y sus administradores frente a una imputación penal. Además de contemplarlos, es importante que se apliquen de manera efectiva, demostrando que el modelo no es sólo un programa en el sentido literal del término –declaración, discurso o proyecto–, sino un sistema que se conoce y aplica efectivamente.

La involucración de la empresa en la lucha contra las prácticas delictivas no pretende asfixiarla con formalidades llenas de hipocresía, sino incitarla a desempeñar un rol activo en esa esfera. Por eso, se equivocan los que implantan modelos de prevención penal formales con la única intención de salvaguardar la responsabilidad penal, pues tal beneficio sólo se conseguirá demostrando su efectividad, más allá de los papeles. Y lo contrario más bien puede desencadenar un efecto adverso en quien termine juzgando el modelo.

Disponer de un modelo de prevención penal supone, pues, que su diseño recoja y aplique buenas prácticas de prevención penal, alineadas con las exigencias del Código Penal, y estar en disposición de acreditar su efectividad. En el contexto de los marcos de referencia sobre Compliance, el exponente internacional más reciente, la norma ISO 19600, brinda directrices muy útiles para la evaluación del diseño de estos modelos y sus controles. Por otra parte, la batería de controles asociados a dichos modelos pueden ser auditados de manera análoga a cómo ya se está haciendo en otras áreas de la empresa, corroborando no sólo su existencia sino también la adecuación de su diseño y su aplicación razonable, todo ello a través de procedimientos técnicos de aseguramiento.

Fuente: Expansión

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