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LOS EMPRESARIOS APARCAN EL DIÁLOGO SOCIAL POR LA SUBIDA DE IMPUESTOS Y EL SMI

5 noviembre 2018
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CEOE NO FIRMARÁ NINGÚN ACUERDO A CORTO PLAZO/ Los empresarios también rechazan la reforma de los convenios planteada por el Gobierno. La patronal espera a que Garamendi sustituya a Rosell para valorar el diálogo con el Ejecutivo.

La patronal CEOE ha decidido ralentizar y retrasar el diálogo social ante los anuncios del Gobierno de aumentar los impuestos a las empresas, elevar la recaudación procedente de las mismas y subir los costes laborales. A corto plazo, los empresarios no piensan firmar ningún acuerdo con el Gobierno y los sindicatos. 

Incluso, el presidente de la confederación empresarial, Juan Rosell, al final de su mandato de ocho años, entregará los trastos de la negociación social a su previsible sucesor, Antonio Garamendi, para que analice la situación. Y eso no ocurrirá hasta después de la asamblea electoral de CEOE, que se celebrará el próximo 21 de noviembre, según confirmaron las distintas fuentes empresariales consultadas por EXPANSIÓN. 

Pero, además, hay un profundo malestar en la patronal con los últimos anuncios del Gobierno, para aumentar la presión fiscal a las empresas. “Han enrarecido la negociación y han perjudicado al diálogo social”, subrayan las mismas fuentes. Entre ellas, las próximas subidas, para 2019, del Impuesto de Sociedades, de la Renta; la llamada tasa Google o la creación de un impuesto a algunas transacciones financieras para destinar su recaudación exclusivamente a financiar las pensiones. El incremento hasta un 12% de las bases máximas de cotización, y de un 22,3% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), desde los 736 a los 900 euros mensuales. 

Esta última decisión es especialmente grave para los empresarios, porque, con ella, el Gobierno ha irrumpido directamente en la negociación colectiva, que es un terreno exclusivo de los empresarios y los sindicatos. 

Negociación colectiva 

El SMI sólo afecta directamente a unos 600.000 trabajadores entre empleadas del hogar, jornaleros del campo y otros oficios de baja cualificación. Sin embargo, indirectamente puede repercutir en la negociación colectiva: si el Gobierno eleva la renta que depende de su decisión, los sindicatos pueden demandar que se eleve más el salario mínimo de convenio, el suelo retributivo de la empresa. 

Por ejemplo, el acuerdo que la patronal y los sindicatos firmaron en junio, para el trienio 2018 y 2020, reguló que el salario mínimo de convenio pueda llegar a los 1.000 euros mensuales en ese tiempo. Sin embargo, el pacto entre el Gobierno y Podemos ya ha colocado el SMI en 900 euros mensuales para 2019. Sin duda, con el objetivo de llegar a los 1.000 euros también en 2020, igual que el acuerdo entre la patronal y los sindicatos. Es decir, que en dos años se implantará en España una renta mínima de 1.000 euros mensuales para todos los trabajadores con jornada completa. Un objetivo que introducirá una importante presión en los convenios y, sobre todo, en las pequeñas y medianas empresas. 

Precisamente, la patronal ya ha planteado al Gobierno que rechaza su propuesta de reforma de la negociación colectiva, para derogar el cambio del Estatuto de los Trabajadores que hizo el Ejecutivo del PP. 

Como adelantó EXPANSIÓN el pasado día 22 de octubre, el Ejecutivo quiere restaurar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa en los aspectos sustanciales de las relaciones laborales: el salario, la jornada, los turnos, las vacaciones o las categorías profesionales, entre otros aspectos. 

Prórroga de los convenios 

La patronal rechaza esta propuesta, como también la restauración de la prórroga indefinida de los convenios, que pretende el Gobierno para devolver el equilibrio de fuerzas entre los empresarios y los sindicatos. La reforma laboral del PP reguló que el convenio caducado perdía su vigencia definitivamente, si después de un año no había acuerdo entre los empresarios y los representantes de los trabajadores. En ese caso, la empresa o el sector quedará cubierto por el convenio superior. Es decir, por el provincial, autonómico o nacional. 

Si no hay convenio en estos ámbitos, entonces las relaciones laborales de la empresa o el sector quedan reguladas por el Estatuto de los Trabajadores. El Gobierno y los sindicatos entienden que, por esta vía del escalonamiento de los convenios se reduce la protección de los trabajadores. Sobre todo, si el acuerdo de la empresa tenía complementos salariales y beneficios sociales. 

Sin embargo, en sus propuestas, CEOE y Cepyme ya han advertido al Gobierno y a los sindicatos lo siguiente: “Defendemos que los acuerdos sobre la vigencia [de los convenios] y, en su caso, la ultraactividad, deben ser utilizados para renovar los contenidos y lograr los objetivos empresariales previamente definidos”. Es decir, “con elementos de flexibilidad que permitan la adaptación de las empresas a las circunstancias cambiantes del mercado”. También hay que tener en cuenta que han comenzado las elecciones sindicales en muchas empresas y este hecho está endureciendo la posición de CCOO y UGT.

Fuente: Expansión Pro-Orbyt

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