- Los cambios normativos relativos al tiempo de trabajo son los que más dudas generan
Con el inicio del nuevo curso se han anunciado importantes reformas laborales. La reducción de la jornada legal máxima, la eliminación de la extinción automática del contrato en caso de incapacidad permanente, la trasposición de la directiva sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, o los planes de movilidad sostenible son algunos de los temas destacados de la agenda laboral para este otoño.
Las reformas en materia de tiempo de trabajo son, según los expertos, las que más dudas suscitan entre los empresarios. Y es que además de la anunciada reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas sin disminución salarial, también se espera que haya cambios relativos al registro de jornada y que se refuerce el derecho a la desconexión digital.
La fecha concreta en la que estas modificaciones entrarán en vigor, así como su contenido concreto, aún están por definir. Por ejemplo, en el caso de la reducción de la jornada máxima legal, explica Gemma Fabregat, of counsel de Sagardoy Abogados, aunque el Ministerio de Trabajo pretendía aplicarla de manera progresiva entre 2024 y 2025, puede que deba aplazarla e incluir también el año 2026 en esa entrada en vigor gradual. En cualquier caso, la abogada considera que la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales no es un tema que inquiete por igual a todo el tejido empresarial. “Hay sectores, como el industrial, en los que la jornada semanal de 37,5 horas ya está fijada en sus convenios laborales. Por el contrario, en otros, como el comercio o la hostelería, sí que existe una mayor preocupación al respecto”, aclara.
El tamaño de la empresa también es determinante a la hora de prepararse ante futuras reformas laborales. “La reducción de jornada puede traer complicaciones para muchas empresas en su implementación, especialmente a las pymes con menor margen para absorber el coste salarial asociado”, apunta Jorge Sanz, counsel de laboral de Bird & Bird. De hecho, para intentar paliar esta desventaja, el Ministerio de Trabajo ha propuesto bonificar a las pymes que realicen contrataciones para hacer frente a esas vacantes o espacios que puedan generarse al trabajar menos horas.
En cuanto al registro de la jornada, comenta Jorge Sanz, se prevé su digitalización y un incremento de las sanciones vinculadas a la realización de horas extraordinarias que no se contabilicen u otros incumplimientos del tiempo de trabajo. “A las empresas les preocupa mucho cómo se regulará exactamente ese registro digital y su acceso en tiempo real por parte de la Inspección de Trabajo y los representantes de los trabajadores”, precisa.
Otra reforma relevante pendiente, señala Gemma Fabregat, es la eliminación de la extinción automática del contrato laboral en los casos de incapacidad permanente. “Se aprobó en el Consejo de Ministros, pero todavía no se ha publicado en el BOE. Parece que se va a traducir directamente en una ley”, indica.
También está por realizarse el desarrollo reglamentario de los protocolos de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas o el estatuto del becario.
Asimismo, recuerda Jorge Sanz, se están tramitando, aún en fases iniciales, proyectos normativos relacionados con otros aspectos especialmente relevantes a nivel laboral, como el de condiciones laborales transparentes y previsibles, los planes de movilidad sostenible al trabajo, o los procesos de reindustrialización.
El tema que suscita un gran debate jurídico es la indemnización por despido improcedente tras la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa que declaró que era insuficiente y no protegía al trabajador.
Por el momento, puntualiza Gemma Fabregat, no parece que vaya a reformarse a corto plazo, pero es cierto que genera inquietud entre los empresarios. “Una reforma de la indemnización del despido puede ser un absoluto quebradero de cabeza para las empresas”, afirma Jorge Sanz. El abogado añade que el impacto puede ser brutal si finalmente se regula de manera que no sea posible anticipar el valor de la indemnización.
Fuente: CincoDías