Ha sido una lucha contrarreloj, pero las compañías cotizadas han logrado bloquear una decisión administrativa que les obligaba a enviar al Registro Mercantil toda su información confidencial, incluida las decisiones de su consejo de administración y los contratos de los altos cargos, entre otros datos delicados.
Las primeras alarmas saltaron el 15 de febrero de este año, cuando la Dirección General del Registro y el Notariado publicó una instrucción en la que imponía a todas las sociedades españolas a enviar de forma telemática lo que se conoce como libros de los empresarios. Este término es tan amplio que no sólo engloba a las cuentas y otros documentos contables, sino también a las actas de las compañías, es decir, el libro en el que se registra toda su actividad, especialmente la relacionada con las decisiones que toma su consejo de administración.
El plazo que se dio a las empresas para enviar estos datos finalizaba el 30 de abril. Mientras intentaban cumplir con los plazos en un tiempo récord, las sociedades cotizadas, a través de Emisores Españoles, encargaron al despacho Hogan Lovells que presentara un recurso para intentar paralizar la medida.
Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decretó ayer como medida cautelar la suspensión de la instrucción hasta que exista una sentencia al respecto, por lo que ninguna firma tendrá que presentar esta documentación.
Funcionamiento
Hasta ahora, la mayoría de las compañías optaban por presentar telemáticamente sus libros contables, pero no así el de actas. Sobre todo en el caso de empresas que manejan mucha información confidencial, lo habitual es acercarse físicamente al Registro Mercantil y solicitar un libro de actas en blanco, que se lleva a la compañía. Una vez allí, se va completando y, cuando se termina, se acercan otra vez al registro, donde simplemente lo sellan, pero nadie lo lee y queda a buen recaudo en los archivos internos de la compañía.
Sin embargo, la Ley de Emprendedores, aprobada en 2013, introdujo un cambio en este sistema, ya que obliga a todas las personas jurídicas a presentar los libros de los empresarios de forma telemática. A falta de un reglamento mejor, la Dirección General del Registro y el Notariado decidió emitir una instrucción, en la que se solicitaban también las actas, pero sin entrar en detalles sobre cuál iba a ser su uso o los sistemas que se utilizarían para garantizar su confidencialidad. Es más, algunas empresas aseguran que el sistema planteado era tan básico como enviar por correo electrónico un documento con las actas del consejo de administración escaneadas.
Lucas Osorio y David Anton, socio director de Hogan Lovells y asociado sénior del despacho, respectivamente, explican que, de momento, ya no es necesario realizar este trámite, gracias a la suspensión. Aun así, la Abogacía del Estado puede plantear un recurso de reposición, aunque por los plazos y la urgencia de la materia, es improbable que se reactive antes del 30 de abril, fecha límite que se había establecido para remitir toda la información al Registro Mercantil.
Aunque desde algunas empresas se ha puesto en duda que los registros puedan solicitar siquiera acceso a una información tan sensible, por su trascendencia en la estrategia de las compañías, desde el despacho aseguran que el objetivo no es tanto que se corrija la modificación introducida en la Ley de Emprendedores, sino que se regule de manera “segura y cierta, con mecanismos de control”.
Fuente: Expansión