El Gobierno va a hacer un nuevo intento para reducir el uso y abuso de la contratación temporal en España. Con este fin, la ministra de Empleo y de Seguridad Social, Fátima Báñez, presentó ayer a las patronales CEOE y Cepyme y a los sindicatos UGT y CCOO una serie de propuestas sobre esta y otras cuestiones del mercado laboral. Su objetivo es llegar a un acuerdo con los agentes sociales antes de terminar el año, como definió Báñez tras hablar con los presidentes de CEOE, Juan Rosell, y Cepyme, Antonio Garamendi, y los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez.
Así, las empresas “que recurran en mayor medida a la contratación temporal y a la rotación excesiva [de trabajadores por un mismo puesto] tendrán un incremento de las cotizaciones por desempleo”. Por el contrario, las compañías que tengan un porcentaje mayor de contratos indefinidos, “comparadas con otras de su mismo sector”, tendrán una rebaja de estas cotizaciones sociales. Es decir, el Gobierno quiere establecer un modelo de bonus-malus, parecido al que utilizan las compañías de seguros en la rama de los automóviles.
Para ello, Báñez planteó estudiar la efectividad en el estímulo del empleo indefinido de las actuales subvenciones –bonificaciones– de cotizaciones sociales a las empresas. La Seguridad Social emplea anualmente para este fin 3.000 millones de euros.
PRECARIEDAD LABORAL
Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre, en España hay 15,6 millones de asalariados. De esta cifra, 11,4 millones son indefinidos, y 4,2 millones, temporales. Es decir, que los trabajadores con empleo temporal suponen el 26,8% de los asalariados.
Con esta propuesta el Gobierno, que está en minoría parlamentaria, intenta responder a las críticas de la izquierda y de los sindicatos sobre los efectos combinados de la crisis económica y la reforma laboral de 2012. A juicio de la oposición y de CCOO y UGT la recuperación está creando mucho empleo, pero de bajos salarios y condiciones laborales precarias.
Sin embargo, el presidente de CEOE, Juan Rosell, ya advirtió ayer al Gobierno de que “todo lo que sea subir las cotizaciones sociales para castigar el empleo temporal es una dirección equivocada para crear empleo”. Rosell recordó que las empresas españolas están compitiendo en la Unión Europea con las aportaciones más altas a la Seguridad Social después de las griegas.
En este contexto, el Gobierno también propuso a los agentes sociales “reforzar el principio de causalidad de la contratación en la negociación colectiva y determinar el volumen de contratos temporales”. Es decir que los convenios definan cuáles son los puestos de trabajo que necesitan trabajadores indefinidos y cuáles son temporales.
Con frecuencia, muchas empresas emplean de forma sucesiva a varios trabajadores que pasan por un mismo puesto. Esta rotación indica que se está produciendo fraude. Las condiciones laborales y salariales de los trabajadores afectados son inferiores a las que deberían tener por la función y la responsabilidad del puesto. La Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo y Hacienda pueden detectar la irregularidad con el cruce de datos.
No obstante, Báñez propuso “reforzar las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la lucha contra el fraude en la contratación”. Se trata de “potenciar” la transformación en indefinidos de los contratos temporales fraudulentos. Además, el Ejecutivo revisará y aumentará las sanciones a las empresas por esta razón, con un cambio en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. La negociación colectiva también debería definir qué porcentaje de la plantilla de una empresa puede tener un contrato temporal.
Frente a tanta medida, que comparten los sindicatos, Rosell dijo que, por un lado, “las empresas están para respetar las leyes. Hay que hacer un uso riguroso de ellas y hay que ver si la legislación es más permisiva o no”. Sin embargo, añadió: “Lo que hay que hacer son leyes claras, concretas y fáciles de interpretar”.
Fuente: Expansión