- Desde 2006 se ha desplomado en 33 días
- Los contratos de menos de 7 días elevan su peso al 36% de los temporales
- Fijos y temporales, más inestables que nunca
El segundo aniversario de la reforma laboral se ha cerrado con un dato sorprendente: la duración media de los contratos temporales se situó en 2023 en su mínimo histórico, con 46,36 días, siete menos que en 2021. Aunque lo ocurrido en los dos últimos años es solo el reflejo de una tendencia que viene produciéndose desde hace dos décadas. De hecho, la caída es de 33 días si nos retrotraemos a 2006, ejercicio que da arranque a la serie estadística del SEPE. Una evolución que muestra que la pérdida de estabilidad sigue siendo uno de los principales puntos débiles del empleo en España.
Las consecuencias directas de la norma pactada por el Gobierno y los agentes sociales en los últimos días de 2021 parecen incuestionables. Por un lado, han llevado a que los contratos indefinidos pasen de suponer el 9% al 40% de los que se firman cada mes. Por otro, se ha reducido el volumen global de contratación. En 2023 se firmaron un total de 15.444.205 contratos, un 15,8% menos que en 2022 y un 33% menos que en 2019. Sin embargo, el empleo no se ha visto resentido, todo lo contrario; de hecho, la afiliación ha crecido un 2,7% y cierra el año con un récord de 20,8 millones de afilados, de los que 17,5 millones son asalariados, un 3,09% más que en 2022.
La lectura parece clara: la creación de empleo no se debe a que se firmen más contratos sino a que estos son mucho más estables. Así lo admite el Gobierno, aunque esta conclusión admite varios matices. El principal que los datos muestran que la 'calidad' de los contratos indefinidos y temporales se ha visto resentida.
De hecho, los datos de las bajas de afiliación a la Seguridad Social muestran un empeoramiento de la ratio de supervivencia tanto para los empleos fijos como para los temporales. En la misma línea, la tasa de personas que firman más de un contrato indefinido al mes ha pasado del 1% al 6,7%. Y, por último, la duración de los contratos temporales, que aún suponen 6 de cada diez, sigue reduciéndose.
¿Cómo se interpreta una evolución que parece completamente contradictoria con un mercado laboral en el que los contratos temporales han caído y el peso del empleo indefinido se ha multiplicado?
El quid de la cuestión estaría en que la desaparición de los contratos temporales por obra y servicio no ha tenido el efecto esperado. Estos eran un tipo de trabajo eventual en el que la duración no se determinaba a la hora de la firma, sino que finaliza cuando la tarea concluye. Muchos expertos advierten de que esta práctica se ha trasvasado a los contratos indefinidos, no solo a los fijos discontinuos, sino también a los ordinarios, lo que explica el récord de despidos y bajas por no superar el periodo de prueba.
Pero igualmente ha afectado a los temporales de duración determinada, los únicos para los que el SEPE refleja una duración media, que se ha reducido de 53,36 en 2021 a 46,36 días en 2023. Esto implica que ha aflorado muchos contratos de muy corta duración que antes quedaban 'maquillados' bajo la casilla de contratos de duración 'indeterminada'. Una fórmula que tras la desaparición de los de obra y servicio solo recoge los interinos del sector público (un ámbito en el que, recordemos, la reforma aboral no se aplica).
Aunque en este análisis conviene ampliar el foco más allá de la reforma laboral y fijarse en lo que ocurría antes de su entrada en vigor. En 2006 la duración de los contratos era de 79,13 días, 32,77 días más que en 2023. Pero el estallido de la crisis financiera hundió este dato, por la razón de que se firmaron menos contratos. En 2012 se había reducido a 59,27. La causa parece obvia: el desplome de la contratación. En ese año se firmaron 13,77 millones de contratos, el mínimo de la serie histórica, de los que 12,68 eran temporales y 7.63 millones eran de duración determinada. Sin embargo, en los años siguientes se produce un fenómeno sorprendente: aunque la contratación se recupera, la duración no lo hace. E incluso se sigue recortando. Un indicador claro de que los empleos que se iban creando tenían un carácter más precario.
Muchos analistas apuntaron en su momento que el dato real era peor porque los contratos de duración indeterminada, en su mayoría por obra y servicio, 'maquillaban' a efectos estadísticos la duración de los temporales en los registros del SEPE. En 2019 se firmaron 22,51 millones de contratos, el máximo de la serie histórica, de los que 20,35 eran temporales, un 90,4%. De estos, 7,5 millones no concretaban una duración. Los que sí lo hicieron, arrojaron una media de 49,12 días. Solo tres días más que en 2023.
Tampoco falan las voces que culpan de esto a la reforma laboral, aunque no a la de diciembre de 2021, sino la que el Gobierno del PP aprobó en febrero de 2012. Aunque esta norma no modificó directamente a contratación, redujo el coste del despido indefinido, rebajando la indemnización en los casos considerados improcedentes de 45 a 33 días y eliminando el 'despido exprés'.
La idea era que abaratar el despido se elevaría la 'flexiseguridad' del mercado laboral para incentivar la contratación indefinida, pero al no restringir la contratación temporal (como sí se hizo en 2021), tuvo el efecto contrario: muchas empresas relevaron a su indefinidos, pero con temporales. Especialmente los de obra y servicio.
Este diagnóstico es el que inspira la reforma laboral del Gobierno de PSOE y Sumar que, aunque no alteró los ejes de la norma de 2012 sí actuó decididamente en el terreno de las contrataciones, eliminando aquel tipo de contratos temporales 'indeterminados' (en 2023 solo se firmaron 1,1 millones, vinculados al sector público) y endureciendo la causalidad del resto. El efecto fue inmediato: más contratos fijos y menos temporales.
Pero los datos encierran otras sorpresas en uno de los indicadores clave de la precariedad: el peso de los contratos eventuales de muy corta duración. Pese a que se firman menos eventuales que nunca, los que duran menos de un mes suponen un 33% del total (sumando temporales e indefinidos). Ello a pesar de que la norma introdujo una 'multa' adicional para los puestos de menor duración.
Los que duran menos de siete días son el 21% del total, y el 36% de los que se firman con una fecha clara de caducidad. Este último es el máximo de la serie histórica, lo que confirma que la desaparición de los de obra y servicio ha aflorado los contratos de menor duración.
Si lo analizamos en cifras absolutos el diagnóstico parece más positivo: en 2023 se firmaron 3.184.240 contratos de menos de siete días, una cifra muy inferior a la de los años precedentes y casi la mitad que en 2019 (aunque en esta comparativa no hay que perder de vista la caída de la contratación), Pero que sigue superando con creces la que se registró entre 2006 y 2012.
Este dato confirma la precarización del mercado laboral español en la última década, más allá de la mera tasa de contratación temporal, y suscita muchas dudas sobre si la reforma de 2021 ha sido capaz de revertirla. A ello contribuye que el Gobierno no ha adaptado las métricas para que reflejen adecuadamente el nuevo escenario.
Trabajo lleva un año incumpliendo su promesa de publicar un informe sobre los fijos discontinuos, pero tampoco clarifica la información sobre los "contratos indefinidos adscrito a obra" específicos del sector de la construcción, ni de los interinos de las administraciones públicas. Pero tampoco la Seguridad Social publica ninguna estadística pública sobre la duración en alta de afiliación de los asalariados, pese a que los altos cargos del Ministerio Inclusión aluden a la existencia de estos datos para defender que la precariedad de los indefinidos no ha aumentado, pero no publican una estadística propiamente dicha.
Una 'opacidad' que, aunque no se pude decir que altere la contabildiad de los datos que existía antes de la reforma, no ayuda precisamente a despejar las dudas sobre la calidad real de un mercado laboral que sigue manteniendo la mayor tasa de paro de la Unión Europea y la segunda de temporalidad. Y la mayor rotación entre los que encuentran un trabajo y los que lo pierden.
Fuente: elEconomista