El Gobierno tiene claro que junto a la lucha contra la pandemia y sus efectos sanitarios, económicos y sociales, la prioridad ahora mismo es acelerar la puesta en marcha del plan de recuperación alimentado con las ayudas europeas en camino por el Covid-19. “La cifra habla por sí sola. Son 70.000 millones de euros para ejecutar en los próximos tres años. No da igual cuando seamos capaces de inyectar este dinero a nuestra economía. Si vamos tarde no llegaremos” a los objetivos marcados, defendió este jueves la ministra de Hacienda, y portavoz del Ejecutivo, maría Jesús Montero, argumentando que “de ahí la urgencia de que la ejecución de los fondos europeos sea rápida y bien hecha”. El Ejecutivo aspira a entregar su plan de actuación a Bruselas en cuestión de “semanas”, antes de la fecha límite del 30 de abril, a fin de poder comenzar a licitar los proyectos antes del verano, pero el calendario de ejecución ya suscita dudas en el Banco de España.
El supervisor advertía esta semana de que su estimación es que España solo logrará ejecutar un 55% de los fondos comunitarios previstos para este año, frente al 70% que preveía en diciembre, lo que reduciría el impacto positivo sobre el crecimiento económico en un momento en que este se está viendo lastrado de nuevo por el alargamiento de la pandemia.
“No está habiendo ningún retraso con respecto al calendario previsto”, defendió este jueves la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, aclarando que el Gobierno sigue “perfilando el plan” con Bruselas para su aprobación en torno a junio a fin de comenzar a recibir los fondos europeos en la segunda mitad del año. Sin embargo, aclaró en Antena 3, al haber adelantado vía deuda unos 27.000 millones en el Presupuesto General de 2021, el Gobierno no tendrá que esperar a cobrar de Europa para comenzar a poner en marcha los proyectos, algo que espera iniciar impulsando las primeras licitaciones entre abril y junio, avanzó.
Montero, que intervenía en uno de los foros sobre los fondos europeos organizados por Efe y KPMG, bajo el título El reto de la gestión, instó a todas las administraciones públicas, agentes sociales y partidos políticos a actuar coordinados para agilizar la consecución de los proyectos de inversión y las reformas garantizando su ejecución en solo tres años, un reto “difícil”, admitió, pero necesario porque los fondos solo se desembolsarán con el cumplimiento de hitos concretos.
Montero recordó que el Consejo de Ministros del martes ya aprobó la distribución de 581 millones para proyectos de inversión relativos al medio ambiente y que su Ministerio está terminado de recibir las propuestas autonómicas para la inversión del fondo ReactUE, que les inyectará 10.000 millones. De momento, ilustró “los proyectos relacionados con infraestructuras de servicios básicos como sanidad, educación y servicios sociales coparían el 32% de los fondos del Feder, seguido de gasto sanitario Covid-19, que acapara el 30%, mientras que las ayudas a pymes previstas por las comunidades se llevarían el 15%, la transformación digital el 9% y la transición ecológica el 11%”.
Fuente: Consejo General de Graduados Sociales dee España