El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció recientemente su intención de elevar las bases máximas de cotizaciones de los trabajadores asalariados con rentas altas como un acicate para los ingresos del sistema a partir de las aportaciones de los que más dinero ganan en nuestro país. En ese momento, la medida apuntaba a un incremento de este tope del 2,8% para 2020, si bien este mismo extremo fue desmentido por el propio ministro en una entrevista realizada con El Mundo el pasado fin de semana, quien vinculó el incremento de las aportaciones de este colectivo a la evolución de los sueldos experimentada por el mismo. Así, si bien la cuantía exacta de la subida aún no se ha fijado en el texto del Real Decreto Ley que recogerá la medida -fuentes cercanas a Seguridad Social reconocen que aún se está trabajando en los últimos flecos-, varios indicadores de evolución salarial rebajarían esta cuantía al entorno del 2%.
En primer lugar, según la evolución de los salarios pactados por convenio con datos a cierre del pasado año, estos experimentaron de media una subida del 2,33%, el mayor nivel en 11 años. Un indicador clave que afecta a 9,8 millones de trabajadores de 1.100 empresas, es decir, casi la mitad de los afiliados a la Seguridad Social de nuestro país. En segundo lugar, según la última oleada de la Encuesta de Estructura Salarial que elabora el INE, y que fue publicada hace unos meses reflejan que la ganancia media anual por trabajador fue de 23.646,50 euros en el año 2017, lo que supone un aumento del 2,1% respecto al año anterior y en línea con lo acordado en 2018 en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENAC), que cerraron las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC OO y UGT, recomendaba para los años 2018, 2019 y 2020 un incremento salarial anual del 2%.
Por último, recientemente Adecco apuntó en su estudio de remuneraciones que en cuarto trimestre del pasado ejercicio el sueldo medio en nuestro país alcanzó los 1.695 euros mensuales, lo que implica un incremento interanual del 2,2% y el mayor incremento del salario medio desde marzo de 2010.
Todos estos indicadores sitúan la eventual subida de las bases máximas de cotización en una horquilla de entre el 2% y el 2,3%, si bien las fuentes consultadas por elEconomista recuerda que la Seguridad Social conoce una fotografía detallada de los todas las variaciones de cotización -y por tanto de la remuneración percibida- de todos los afiliados de nuestro país por lo que estaríamos ante cifras tentativas.
Decreto inminente
No obstante, el decreto de subidas de cotización es una realidad y, pronto, las rentas por encima de los 48.840 euros deberán realizar un mayor esfuerzo en sus retenciones mensuales a la Seguridad Social. De hecho, tal y como confirmó el ministro durante su comparecencia en la Comisión parlamentaria adscrita a su Ministerio, este texto verá la luz e los próximos, concretamente, en el Consejo de Ministros que se celebre la próxima semana.
Desde ese momento, y una vez se publique la medida en el BOE, será efectiva la nueva tabla con la modificación de la base máxima de cotización pero aún deberá ser convalidad en el Congreso de los Diputados.
Su objetivo es que este incremento no sea superior al avance del IPC
Cabe recordar tal y como avanzó este periódico hace escasas dos semanas el Gobierno no solo planea actuar en este decreto sobre la aportaciones de los trabajadores asalariados sino que también habrá novedades para los empleados por cuenta propia, los autónomos.
En este punto, fuentes de las asociaciones representantes de este colectivo confirmaron a elEconomista tras diversos encuentros con el ministro Escrivá para tantear la acción de Gobierno que el Ejecutivo planea un incremento de su base mínima cercana al 1,3%, cifra en la que ya se había avanzado con la anterior ministra del Trabajo Magdalena Valerio y que se situaba en el entorno de la inflación. Estas mismas fuentes reconocen que es objetivo primordial que este incremento no sea superior al avance del IPC y que un fuerte repunte de la misma infligiría un castigo para la contratación entre el colectivo.
Fuente: Consejo General de Graduados Sociales de España