La decisión del Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos de incluir la revisión de la reforma laboral aprobada por el PP en 2012 en su agenda de cambios normativos para la recta final del año ha terminado por enfrentar a patronal y sindicatos en medio de otras negociaciones clave del diálogo social como la de la extensión de los ERTE ligados al Covid o la de la regulación del teletrabajo. Así, mientras que la patronal considera que restar poder a las empresas en la negociación colectiva durante la pandemia sería una “hecatombe”, desde los sindicatos consideran que los cambios “no son suficientes” pero que es urgente aprobarlos “en semanas” para evitar una rebaja masiva de sueldos este otoño.
“El trabajo digno, estable y de calidad como compromiso, se traduce en iniciativas como la Ley por la que se modifica la estructura, el ámbito temporal y las condiciones de inaplicación de la negociación colectiva”, avanza el Ejecutivo sobre sus intenciones en el plan normativo aprobado el martes por el Consejo de Ministros. Tras estas palabras se encuentra el objetivo del Gobierno de tocar algunas cuestiones clave de la reforma laboral de 2012 que atañen a la negociación entre patronal y sindicatos: básicamente recuperar la ultraactividad de los convenios vigentes más allá de su fecha límite mientras que las partes no pacten uno nuevo; volver a primar los acuerdos sectoriales sobre los de cada empresa; reducir las subcontrataciones y limitar la capacidad del empresario para tomar medidas unilaterales.
La discusión sobre si la reversión de la normativa de 2012 debería ser integral ha venido dividiendo a los socios de Gobierno que, finalmente, optan por una fórmula ambiciosa en el plano de la negociación colectiva pero que excluye tocar la polémica rebaja de las indemnizaciones por despido que aprobó el PP.
“Es un planteamiento prudente el que hace el Gobierno, eran cuestiones que ya estábamos negociando sindicatos y empresarios en el mes de marzo y que espero que se pueda resolver en las próximas semanas”, defendió ayer en TVE el secretario general de CC OO, Unai Sordo, quien advirtió que “hay que hacerlo ahora porque son cambios que si no se acometen van a tener como consecuencia que, en la última parte del año, los salarios en nuestro país vayan a caer de una forma importante”. “Para CC OO no son cambios suficientes para una reforma, la de 2012, a la que le hicimos dos huelgas generales”, matizó, si bien se mostró dispuesto a “abordar una negociación un poco más pausada” con el resto de materias que considera que se deberían modificar.
Las palabras del sindicalista chocan con fuerza con la lectura que hizo en la noche del martes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. “Que ahora con la que está cayendo se nos plantee esto encima de la mesa de aquí a diciembre me parece una locura”, expuso en Onda Cero, calificando la medida de “una falta de responsabilidad” del Gobierno y alertando de que su aplicación provocaría una “hecatombe en la confianza” en mitad de la grave crisis abierta por la pandemia.
El Gobierno se ha fijado el difícil reto de lograr la reforma con el consenso de ambas partes, si bien Trabajo se reserva la opción de aprobarla en solitario.
LA NEGOCIACIÓN DE LOS ERTE SE RETOMA HOY
Gobierno, patronal y sindicatos volverán a reunirse este jueves para negociar la prórroga de los Expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE) ligados a la pandemia del coronavirus más allá del 30 de septiembre. Tras la reunión de alto nivel del pasado viernes y el encuentro técnico de este lunes, las partes confían en lograr un pacto la próxima semana a fin de mantener operativo un sistema al que aún están acogidos unos 700.000 trabajadores. El Ejecutivo está por la labor de prorrogar la fórmula mientras sea necesarios, si bien lo previsible es que de momento se acuerde su extensión hasta final de año. Patronal y sindicatos han rechazado que los ERTE se mantengan solo para determinados sectores.
Fuente: Consejo General de Graduados Sociales de España