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EL GOBIERNO QUIERE GENERALIZAR LOS CONTRATOS FIJOS DIFICULTANDO EL USO DE LOS TEMPORALES

21 January 2021
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Plantea crear un fondo tripartito para costear las prestaciones de los futuros ERTE, posteriores a la pandemia, cuando se usen como alternativa al despido

El Gobierno facilitó en la noche del martes a los empresarios y sindicatos un resumen de las fichas que ha enviado a la Comisión Europea con las líneas generales de las reformas laboral y de pensiones que se compromete a llevar a cabo, si bien “los diferentes elementos serán abordados a través de las diferentes mesas de negociación constituidas [en el diálogo social], lideradas por los correspondientes ministerios”, según el documento al que ha tenido acceso CincoDías.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistió ayer en que Bruselas no impondrá estas reformas para que España pueda acceder a los fondos europeos de recuperación. Así lo indicó en una jornada sobre dichos fondos organizada por Efe y KPMG, donde Sánchez precisó que en el diálogo “casi diario” del Gobierno con la Comisión Europea esta les traslada que las reformas no serán impuestas, sino que persiguen que los cambios tengan una “prolongación en el tiempo” y que, para ello, cuenten con el “mayor consenso posible”.

La reforma que afecta a la normativa laboral lleva el nombre de Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, que implicará un volumen de inversión pública de 2.400 millones de euros de 2021 a 2023, según este texto. Incluye 17 reformas de aspectos concretos del mercado laboral, algunas de las cuales no recogen medidas nuevas porque ya están en fase de ejecución pero entre las que sí cuentan con cambios destaca la de la contratación. Estas son las principales reformas propuestas:

  • Generalización del contrato indefinido. Con la reforma de los contratos el Gobierno precisa en este documento que persigue directamente “generalizar el contrato indefinido” que ahora tienen tres de cada cuatro ocupados. Para ello, el Ejecutivo propondrá a los agentes sociales “simplificar y reordenar las modalidades de contratación laboral”, “devolver la causalidad al contrato temporal” –lo que significa que solo puedan utilizarse para actividades puramente eventuales–; “adecuando la regulación de los contratos de formación y prácticas, revisando la aplicación de los contratos fijos discontinuos” y “penalizando el uso excesivo de contratos de muy corta duración”. Estas cuestiones se pueden traducir en un endurecimiento legal del uso del contrato eventual por parte de las empresas, para evitar que, como ocurre en la actualidad, nueve de cada diez contratos que se firman en España sean temporales.
  • Modernización de los ERTE. Además, la reforma de la contratación incluirá “la introducción de mecanismos de flexibilidad para las empresas alternativos a la excesiva temporalidad”. Esta propuesta se enlaza con otra de este mismo documento en la que el Ejecutivo persigue “modernizar la normativa” de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)”. En este caso, el Gobierno quiere “reforzar la inversión en formación y la prioridad de los ERTE, de reducción de jornada y de suspensión de contrato, frente al despido”, intentando convertirlo, como está ocurriendo en la actualidad, en la primera herramienta de ajuste de plantillas a la que recurran las empresas. Para ello proponen “la creación de un fondo tripartito para financiar las prestaciones y la compensación de las cotizaciones de los trabajadores en ERTE”. Este fondo se nutriría con dinero público y, se entiende, también con aportaciones de empresarios y trabajadores, previsiblemente al margen de las cotizaciones. Si bien no precisa la medida.
  • Modernización de las políticas activas de empleo. El Gobierno quiere también negociar con los interlocutores sociales una modernización de las políticas activas de empleo (formación para trabajadores parados y ocupados) y de la intermediación laboral. Asimismo, quieren revisar las subvenciones y bonificaciones a la contratación temporal –que suponen el 25% del gasto en políticas activas, dicen– de forma que se simplifique y estén exclusivamente orientadas a contratos fijos. En este punto, indica su intención de “reforzar la coordinación entre Administraciones públicas y vincular el Ingreso mínimo vital con el tránsito de la exclusión social al empleo”.
  • Negociación colectiva y subcontratas. El Gobierno también incluye una negociación sobre los aspectos de la reforma laboral de 2012 que menos gustan a los sindicatos. Con ello pretende, además, cumplir con el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. En concreto, plantean “la modernización de la negociación colectiva”, para lo que abordarán la vuelta a la ultraactividad de los convenios (prórroga automática hasta la existencia de un convenio nuevo); la relación entre los convenios sectoriales y de empresa; así como la revisión de los mecanismos de consulta y negociación en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo (modificación del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores). En cuanto a la legislación de las subcontratas, proponen, “en línea con las sentencias recientes del Tribunal Supremo”, –que no respaldan el uso del contrato de obra por el mero hecho de que la empresa esté subcontratada– desincentivar el recurso a la subcontratación como mero instrumento de abaratamiento de costes. Esta sería otra vía de endurecimiento de la contratación temporal.
  • Garantía Juvenil Plus. Se trataría de diseñar un nuevo programa de empleo joven para el periodo 2021-2027. Para ello, el Gobierno se compromete con Bruselas a simplificar el contrato de prácticas y para la formación, para favorecer la formación en alternancia con el empleo para jóvenes entre 16 y 21 años y fomentar la contratación estable de aquellos entre 22 y 29 años.
  • Otros cambios. Entre el resto de modificaciones legales que el Ejecutivo quiere abordar están la regulación de las condiciones de los repartidores de las plataformas digitales, cuya negociación ya está en marcha; el refuerzo de la formación de los trabajadores, fomentando la coordinación entre los centros formativos y las empresas digitalizar y modernizar el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE).
  • Seguimiento. Dicho todo esto, el Ejecutivo se compromete con Bruselas a hacer una evaluación de las políticas laborales, “asegurando la trazabilidad del gasto para poder conocer los flujos de fondos de principio a fin”.

Fuente: Consejo General de Graduados Sociales de España

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