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EL GOBIERNO POSPONE A 2024 LA LEY QUE ENDURECE EL PERIODO DE PRUEBA Y LIMITA LA EXCLUSIVIDAD LABORAL

28 diciembre 2023
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  • La transposición de la directiva europea agotó el plazo en agosto de 2022

 

  • Busca propiciar unas condiciones laborales transparentes y previsibles

 

 

  • Trabajo no consigue elevar al último Consejo de Ministros del año esta cuestión

 

Sin rastro en el último Consejo de Ministros del año de la norma que el Gobierno debe a Bruselas para perseguir unas condiciones laborales transparentes y dotar al trabajador de mayor previsibilidad en todo lo referente a su contrato de trabajo, jornada laboral y funciones. Será en 2024 cuando el Ministerio de Trabajo saque adelante una ley se lleva meses en el cajón, según han confirmado fuentes del departamento a este medio.

La Directiva (UE) 2019/1152 de 20 de junio de 2019 relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea otorga a los trabajadores, entre otros, el derecho a una información más completa sobre aspectos esenciales de su trabajo (tareas, lugar de trabajo o remuneración) que deberán recibir a su debido tiempo y por escrito; a la no exclusividad, es decir, podrán aceptar otro empleo solapando ambos trabajos (salvo incompatibilidad); a ser informados con antelación de las jornadas laborales (especialmente en el caso de contratos parciales con horarios imprevisibles o bajo demanda); y a tener períodos de prueba de máximo seis meses al comienzo del empleo, e inexistentes en los contratos de muy corta duración, mermando la negociación por convenio.

El plazo para transponer la norma europea se agotó el 1 de agosto de 2022. En junio, la Comisión Europea mandó su segundo aviso a España, Grecia y Luxemburgo (el primero fue en septiembre de 2022 y alcanzó a 18 países) ante la tardanza del Gobierno en incorporar la normativa de transparencia laboral, y dio dos meses al Gobierno para notificar las medidas a adoptar que también se incumplieron. El siguiente paso en la hoja de ruta del Ejecutivo comunitario -y de los sindicatos, que en más de una ocasión han mostrado su descontento por la tardanza- apuntaría al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Lo cierto es que el Ministerio de Trabajo contaba con un borrador de anteproyecto de Ley que fue sometido a consultas de patronal y sindicatos, llegó a tener el visto bueno del Consejo Económico y Social en octubre de 2022 pero su puesta en marcha se vio paralizada ese año y las elecciones de 2023 obligaron a Sumar a llevarlo en el programa electoral del 23 de julio. Los intentos por elevarlo a los últimos Consejos de Ministros del año tampoco se han materializado, dejando esta como otra tarea pendiente de la cartera que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para el próximo año.

 

 

Fuente: elEconomista

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