La agenda del proyecto del Gobierno para dar la vuelta a la reforma laboral se mueve a una velocidad muy inferior a la prevista por el Ministerio de Trabajo.
La inmediatez y la rotundidad de las medidas anunciadas por Trabajo casan mal con los matices que introduce Nadia Calviño desde Economía. El plan trazado desde Trabajo por Yolanda Díaz en el que es uno de los grandes ejes de esta legislatura es un "desmontaje" de menos a más en grado de dificultad con tres fases: derogación del despido por bajas justificadas; aspectos más lesivos de la reforma laboral y, por último, el núcleo del marco, como son los despidos.
Pero el compromiso de pasar por la mesa de diálogo social en busca de acuerdos con los empresarios y los trámites para alcanzar la firma en el consejo de Ministros retrasan el ritmo. "Queremos reforzar este diálogo social para asegurarnos que cualquier reforma es equilibrada, no perjudica la creación de empleo y perdurará durante un número de años", recordó ayer Calviño en una entrevista publicada en Financial Times. La responsable de Economía se reunió con inversores internacionales en Londres para aclarar las líneas del Gobierno en materia económica.
Sucedió con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que salió adelante con cierto retraso y una sustancial rebaja respecto a los compromisos de Unidas odemos. Y coincidió ayer con la derogación del artículo 52 d del Estatuto de los Trabajadores que avala el despido con bajas justificadas y que estaba prevista para hoy.
Trabajo negaba ayer que el retraso en la aprobación de la medida se deba a diferencias en el seno del Gobierno. "Debe cumplir con un nuevo trámite de consulta esta semana pero con toda seguridad, será derogado el 18 de febrero", señalan en el ministerio dirigido por Díaz. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ya se reunió la semana pasada con patronal y sindicatos para exponer una propuesta que en los próximos días será validada por la comisión de secretarios de Estado.
Todas las fuentes consultadas indican que el despido por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero en un cómputo suficiente, será suprimido sin ser reemplazado parcial o totalmente por otro texto. Es decir, a partir de la aprobación del Real Decreto que lo derogue, este tipo de despidos no estarán fundamentados en causas objetivas y pasarán de ser procedentes a improcedentes, con el cambio correspondiente en los días de indemnización por año trabajado, que pasarán de 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades a 33 días.
La propia Calviño ha aprobado la medida al asegurar que hay un gran consenso en torno a la derogación y despachos laborales consultados sostienen que el efecto sobre las empresas es mínimo. UGT, CCOO, CEOE y Cepyme disponen desde la semana pasada de un borrador con la propuesta, que en la exposición de motivos del Real Decreto trata de blindar jurídicamente los motivos de urgencia de la derogación por la vulneración del derecho constitucional a la salud, si bien el texto que suprimen cuenta con varios años vigente. Desde que en octubre de 2019 el Tribunal Constitucional avalara este tipo de despidos, los sindicatos han señalado la gran división que hubo en el seno del alto tribunal a la hora de dictar la sentencia y han marcado la supresión del artículo como una línea roja de cara a posteriores negociaciones. "El interés empresarial, sea del tipo que sea, no puede legitimarse a través de medidas contrarias a los derechos constitucionales de los trabajadores", señalan fuentes sindicales citando el voto particular de un magistrado.
Fuentes presentes en el diálogo social señalaron ayer que la derogación saldrá adelante con o sin el apoyo de la patronal, ya que el trámite de consulta se ha realizado y no existe la obligación de adoptar una decisión unánime, como fue la última subida del SMI. Con la agenda reformista de Díaz y los matices de Calviño, la supresión del artículo 52 d del Estatuto de los Trabajadores supondrá dejar atrás una etapa llevar las conversaciones con patronal y sindicatos a una nueva fase donde los acuerdos para reformar la legislación laboral serán cada vez más difíciles de alcanzar, dentro y fuera del Gobierno.
Fuente: Consejo General de Graduados Sociales de España