La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en septiembre se ha convertido en el primer envite del Ejecutivo de coalición para el nuevo curso político, cargado de tareas y reformas de calado pendientes. El Gobierno iniciará este mismo miércoles las conversaciones con los agentes sociales para abordar la subida del SMI aprovechando los buenos datos de empleo a lo largo del mes de agosto, donde espera una recuperación que lleve al mercado laboral a los niveles previos a la pandemia de Covid-19.
Este aumento del SMI, que tendrá que debatirse con los representantes de los trabajadores y los empresarios –que parten ya de posiciones totalmente alejadas– permitiría al Ejecutivo centrar el tiro en la reforma de pensiones, que llega al Congreso con intención de negociarse y aprobarse en el arco parlamentario, y en la laboral. Las dos son urgentes para el Gobierno, que se comprometió con Bruselas a sacarlas adelante antes de que termine el año a cambio de recibir los fondos de recuperación del Next Generation EU.
Según fuentes consultadas por Servimedia la semana pasada, el Gobierno, y principalmente el ala socialista, pretende acelerar la subida del SMI en las próximas semanas porque septiembre y, sobre todo, octubre y noviembre son normalmente malos en términos de empleo al estar entre los picos de la campaña veraniega y la de Navidad. De repetirse las estadísticas tradicionales, sería más difícil de vender la idoneidad del alza del SMI, que reclaman tanto los sindicatos como el socio minoritario del Ejecutivo.
La agenda reformista a retomar con el diálogo social desde comienzos de septiembre es tan ambiciosa como desafiante, puesto que los sindicatos han anunciado protestas si no se retoma la revalorización del SMI, congelado desde el inicio de la crisis sanitaria en los 950 euros. A su vez, han dejado constancia de que no se contentarán con un alza meramente simbólica. La patronal, por su parte, insiste en que ahora no es el momento. El SMI se congeló por la pandemia tras haberse incrementado un 22,5% en el año 2018 –desde 735,9 euros en 14 pagas, hasta los 900– y otro 5,5% en el 2019, llegando a los 950 euros actuales.
Hoja de ruta
El calendario apremia porque el compromiso del Gobierno con la Comisión Europea es tener lista la reforma laboral y la primera parte de la correspondiente a pensiones para final de año. Son dos de los grandes hitos contenidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a completar para que Bruselas desbloquee el primer desembolso semestral correspondiente a 2022 de los 69.500 millones de euros que espera recibir el país hasta el 2026, y según la hoja de ruta marcada, eran temas a decidir además con el diálogo social.
El SMI es además un punto caliente que ha generado tensiones en el seno del Consejo de Ministros, con la titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, proclive a retomar las alzas, a un lado, y al otro la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, posponiendo la decisión a una recuperación firme de economía y empleo, al otro. La oportunidad la abrirán los datos de cierre de agosto, cuyo adelanto por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ya llevó a Calviño a confiar en que los “buenos datos”, de confirmarse, permitan “cuanto antes retomar” la senda de aumento del SMI.
La más que probable subida del salario mínimo, además de calmar las aguas en el Gobierno de coalición, ayudaría al Ejecutivo a contentar a buena parte de sus potenciales socios en el Congreso a la hora de negociar y dar luz verde al primer paquete de la reforma de las pensiones.
El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó el primer paquete de medidas para la reforma de las pensiones, que será enviado al Congreso de los Diputados, donde el Gobierno no tiene atada aún la mayoría para sacar adelante la norma. Entre otras medidas, la ley contempla que las pensiones se revalorizarán automáticamente según el IPC del año precedente; así como el aumento de las bonificaciones al retraso de la jubilación y el endurecimiento de las penalizaciones para los que decidan adelantarla. La intención del Ejecutivo es que la nueva ley se apruebe antes de final de año para que entre en vigor a principios de 2022. Para ello deberá conseguir el apoyo de otros partidos políticos, algo que, según se pudo observar en la Comisión del Pacto de Toledo en julio, a la que acudió el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, será difícil.
Más difícil aún será conseguir llegar a acuerdos en lo relativo a la reforma laboral. Por ahora, las diferencias de criterio entre los propios socios del Ejecutivo, que sí se muestran partidarios de derogar la norma del PP de 2012, la exigencia sindical de que la contrarreforma sea total o la oposición frontal de la CEOE a la pretensión de Trabajo de dejar el contrato temporal como una vía residual han aparcado la negociación.
UNA BATALLA PARALELA POR LA LEY DE VIVIENDA
Lucha interna. A pesar de que su puesta en marcha no está vinculada con la recepción de los fondos comunitarios, la futura ley estatal de vivienda –con la regulación de los precios del alquiler como gran conflicto– se ha convertido en uno de los principales frentes de batalla dentro del Gobierno de coalición. De un lado, Unidas Podemos argumenta que, tras casi un año de retraso, la norma no puede postergarse más. Al otro, desde el PSOE asumen que sin ley de vivienda no habrá apoyo del socio minoritario ni a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ni a otras posibles reformas, algo que también podría extenderse a otros socios del Gobierno como ERC, Bildu, Compromís o Más País.
Retrasos. La ley de vivienda, que desbloqueó los PGE de 2020, sigue a la espera de llegar al Consejo de Ministros. El pasado mes de octubre, hace ya casi 11 meses, Podemos dio su visto bueno a las cuentas públicas a cambio de tener lista la norma en el plazo de cuatro meses. Tras los primeros retrasos, el Gobierno se comprometió ante Bruselas a llevar la normativa al Consejo de Ministros antes de que acabase el mes de junio. A día de hoy, tras otro retraso y tras el parón veraniego, las posiciones siguen alejadas. A grandes rasgos, Podemos quiere limitar las subidas del precio del alquiler, mientras que el PSOE apuesta por otras fórmulas como los incentivos fiscales para contenerlos.
Fuente: Conserjo General de Graduados Sociales de España