El Gobierno considera que la prioridad hoy es evitar la quiebra de empresas debido a la prolongación de la pandemia. Por ello, “en las próximas semanas tendremos que ver medidas adicionales y tomar decisiones para reforzar la solvencia de las empresas”, anunció este lunes la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
La titular de Economía anticipó que estudiará una prórroga de la moratoria concursal, por la que los acreedores de una empresa no pueden presentar concurso, que finaliza el 14 de marzo pero advirtió que antes “hay que ver si alargarla puede aumentar la incertidumbre”. La ministra insistió en que la prioridad del Gobierno es evitar el sobreendeudamiento que afecta a las empresas por la pandemia “y atajar de forma decidida el problema es mejor que alargarlo”
En su intervención de este lunes en el Cercle D´Economia, Calviño respondía así a lo que desde hace semanas es una advertencia recurrente desde el Banco de España, las organizaciones empresariales y los expertos económicos: hay riesgo de un gran aumento de las insolvencias. Este lunes mismo, minutos antes, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advirtió en Telecinco que muchas empresas no tienen ya problemas de liquidez sino de solvencia y que “hay que capitalizar a las que sean viables” para lo que reclamó de nuevo ayudas directas.
Una de las medidas de apoyo a las compañías con problemas de solvencia, y que están preparando los Ministerios de Asuntos Económicos y de Justicia, es la trasposición de la directiva europea sobre reestructuración e insolvencia, que debe estar lista el 17 de junio próximo. Ésta contiene dos instrumentos, muy necesarios a juicio de los economistas, para salvar a las empresas todavía viables; la alerta temprana de los riesgos y la profesionalización del proceso de refinanciación.
Marco nacional
La vicepresidenta tercera recordó que el Gobierno ha modificado el marco nacional de ayudas públicas para ampliarlas y disponer de un nuevo régimen después de que la Comisión Europea haya autorizado en enero la conversión de mecanismos como garantías, créditos o anticipos en subvenciones. “Vamos a tener una abanico más amplio de ayudas”, aseguró. Su definición y puesta en marcha están, sin embargo, pendientes del visto bueno de la Comisión Europea al plan español, dijo.
En todo caso, cuestionada sobre si habrá ayudas directas a empresas, Calviño repuso que “las comunidades autónomas y los ayuntamientos están mejor situados para conceder ayudas específicas, individuales a cada empresa y para asegurarse de que son las más eficaces”. Para ello, añadió, el Ejecutivo facilitado transferencias extraordinarias a las regiones (16.000 millones del fondo Covid en 2020 y una inyección de 13.000 más este año más 10.000 del fondo ReactEU) para que hagan frente a la factura de la pandemia, pues son las competentes en materia sanitaria o educativa.
Calviño cifró en 40.800 millones de euros el coste, hasta mayo de 2021, de las medidas de apoyo al tejido productivo aprobadas, como los ERTE, las prestaciones a los autónomos y la incapacidad laboral transitoria, a los que hay que sumar los 115.000 millones en créditos avalados por el ICO.
Fuente: Consejo General de Graduados Sociales de España