- Los Letrados de la Administración de Justicia han convocado huelga los próximos 14 y 15 de diciembre antes de ir a un paro indefinido
El conflicto laboral de los Letrados de la Administración de Justicia, los antes llamados secretarios judiciales, amenaza con bloquear los tribunales españoles entre finales de este año y principios de 2023. El colectivo profesional ha convocado huelga los días 14 y 15 de diciembre y amenaza con un paro indefinido a partir de enero para exigir al Gobierno que cumpla la promesa de incrementar los sueldos más de un 5% y mejorar las retribuciones de las sustituciones, entre otras medidas. El acuerdo que incluye estas y otras novedades fue suscrito el pasado abril, pero, hoy por hoy, las conversaciones están congeladas. Los letrados piden una reunión urgente con el Ministerio que dirige Pilar Llop para reactivar el proceso y evitar obstrucciones en un sistema ya de por sí saturado.
Solo durante las jornadas de paro llevadas a cabo el 29 y 30 de noviembre, centenares de vistas se vieron afectadas. En la Audiencia Nacional, el juez del ‘caso Villarejo’ se vio obligado a aplazar declaraciones fijadas en el marco de la investigación a BBVA; en Aragón, 200 actuaciones fueron suspendidas; y en Galicia, más de 700 vistas y juicios tuvieron que ser canceladas. Los secretarios judiciales llevan gran parte del peso de los juzgados y el pulso con el gobierno anticipa un final de año caliente.
“No queremos hacer más huelga, nos cuesta dinero y causamos mucho daño a los ciudadanos y a la Administración de Justicia”, afirma Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), una de las asociaciones convocantes. “Pero, si nos siguen ignorando, haremos una huelga indefinida en enero”, añade. De acuerdo a los datos ofrecidos por los colectivos, en noviembre un 75% de los secretarios judiciales secundaron las protestas, si bien el Ministerio rebajó las cifras a un 31%.
Fuentes del Ministerio de Justicia reconocen que el compromiso para incluir una cláusula de enganche del 75% y la reducción de los grupos de población (de cinco a tres) para poder percibir complementos salariales similares a los que ya reciben otros funcionarios de la misma categoría (como los médicos forenses) se encuentra en suspenso, pero apuntan que se llevará a cabo más adelante. Al mismo tiempo, aseguran que hay una serie de medidas que estaban pendientes desde hace años y ya se han puesto en marcha, además de una subida del sueldo del 15% en tres años, que, según indica, parece que los Letrados de la Administración de Justicia no tienen en cuenta a la hora de ir a la huelga.
El conflicto lleva meses en marcha, aunque la tensión aumentó con unas palabras recientes del secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez. En su última intervención en la Comisión de Justicia del Senado, el pasado 30 de noviembre, afirmó que no veía sentido a las protestas porque su equipo ha cumplido ya 10 de las 11 propuestas de acuerdo alcanzadas. Los Letrados tacharon de falsa esa afirmación y advirtieron que si el Ministerio mantiene esta postura se intensificarán los paros.
Los organismos representativos de los Letrados de la Administración de Justicia no entienden ni el cambio de rumbo del Ministerio de Justicia, ni que el proyecto de reglamento o estatuto profesional pactado hace ocho meses “de repente se meta en un cajón”, en palabras de Casado. El Consejo de Ministros aprobó en abril un real decreto para incrementar el sueldo en 195 euros mensuales -lo que supone un aumento del 5,26% de su salario anual- para hacer efectivo lo pactado en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia en diciembre de 2021, si bien no todo lo acordado desde entonces ha llegado a ver la luz.
Las asociaciones de secretarios judiciales defienden la necesidad de seguir adelante con la huelga, al considerar que es el “último recurso” y la “medida más gravosa” para conseguir sus reivindicaciones, según el portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), Francisco Aguilar. Ayer, coincidiendo con el día de la Constitución, esta asociación difundió un comunicado en el que llama a secundar las siguientes jornadas de protestas contra la “desatención y el engaño” por parte de Justicia.
Por otro lado, para contrarrestar las afirmaciones del secretario de Estado, las dos agrupaciones mencionadas y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AInLAJ) -las tres convocantes- han hecho público el acuerdo suscrito en abril con el Ministerio para tratar de demostrar que los compromisos “no se han cumplido”. Según el documento, el único punto que se encuentra “en trámite” es el relativo al régimen de sustituciones, para el que el Gobierno puso en marcha un plan de actuación para proceder a retribuir este tipo de situación. Aun así, el proyecto normativo que lo regulará está congelado hasta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) remita al Ejecutivo su informe preceptivo, pero no vinculante, sobre esta reforma.
Asimismo, los LAJs han detallado la serie de medidas que siguen sin ser impulsadas, entre las que incluyen la reducción de los grupos de población; o el incremento de la cuantía que se percibe por su actuación en entrada y registros. También reivindican la inclusión de las particularidades de este colectivo en el plan de riesgos laborales de Justicia, así como la participación de las asociaciones en todas las materias negociadas en la mesa sectorial celebrada a finales de 2021. Todas estas desavenencias ponen en riesgo que centenares de causas puedan seguir su curso tras las fiestas navideñas.
Fuente: CinocDías