La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunida de forma extraordinaria este miércoles para hacer frente a la crisis del coronavirus, ha acordado arbitrar medidas que permitan no suspender con carácter general todos los juicios y declaraciones ya señalados y agendados en los diferentes órganos judiciales del país. Así, y únicamente en las zonas de riesgo alto (Madrid, País Vasco y La Rioja), cualquier cierre o suspensión tendrá que adoptarse por el juez, previa autorización del presidente del tribunal superior de justicia correspondiente y con ratificación de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces. En el resto de comunidades autónomas, no consideradas por el momento zonas de contagio, los planes se centran en la prevención, pero "manteniendo la actividad en la medida de lo posible", señala un portavoz del CGPJ.
De esta forma, el organismo contempla dos escenarios para hacer frente a la crisis derivada de la epidemia. El primero entrará en vigor a lo largo de todo el territorio nacional, y las directrices van dirigidas a la prevención. Así, la realización de los señalamientos se hará "con tiempo suficiente entre ellos para que no haya una gran afluencia de partes y profesionales esperando la celebración en una zona común". También se restringirá temporalmente la asistencia de público, limitando el aforo para que siempre haya una separación de un metro entre persona y persona, y se impulsará la utilización, en la medida de lo posible, del sistema de videoconferencia.
En el escenario dos entran los territorios en los que se hayan establecido "medidas especialmente intensas" para limitar la propagación del Covid-19, esto es, por ahora, Madrid, País Vasco y La Rioja. Además de las medidas del primer escenario se contempla la posibilidad de que los jueces acuerden la suspensión de plazos procesales por razones sanitarias. Esta suspensión, no obstante, necesitará la autorización del tribunal correspondiente y la ratificación posterior de la Comisión Permanente del CGPJ.
La medida adoptada por el CGPJ se aleja de la reclamación de los jueces de Madrid, que solicitaron este martes reducir la actividad al mínimo imprescindible, aplazando todos los juicios que no sean urgentes en un acuerdo remitido al órgano de gobierno. En estos mismos términos se ha manifestado el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que ha solicitado al CGPJ, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y a cualquier otra autoridad que resulte competente sobre la materia la suspensión de los juicios y actuaciones no urgentes ante el riesgo que puede correr el colectivo por el coronavirus, una medida que también exige el Colegio de Procuradores de Madrid.
Este miércoles se ha confirmado que un funcionario de los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) es el primer caso confirmado de Covid-19 en la Justicia de la región. El trabajador comunicó el martes por la noche al Juzgado de Instrucción número 32 que estaba ingresado en un hospital de la comunidad con un cuadro de neumonía tras haber dado positivo en la prueba del virus.
Por su parte, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha afirmado este miércoles que la actividad de la Justicia en la región, tanto para trabajadores como para usuarios y funcionarios "se acomodará" a lo que decida el CGPJ, tal y como recogen varias agencias.
Además de esta serie de medidas, el CGPJ ha acordado suspender desde este miércoles y hasta el 13 de abril las actividades programadas por el Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial. Estas actividades, que tenían previstos más de 20 cursos de formación, implicaban el desplazamiento de miembros de la Carrera Judicial de otros territorios hasta Madrid.
Fuente: Consejo General de Graduados Sociales de España