La acumulación de sentencias judiciales abiertamente contrarias a la reforma laboral en vigor constituye un despropósito, porque la inseguridad jurídica que están generando los jueces responsables de esos autos puede acabar siendo muy perjudicial para la economía española. Precisamente por ello uno de los elementos nucleares de la ambiciosa modificación de la normativa del mercado de trabajo aprobada por el Gobierno en 2012 era minimizar la elevada judicialización de los conflictos laborales, lo que retrasaba en exceso su solución y provocaba una gran discrecionalidad. Sin embargo, la mayoría de los magistrados que han juzgado casos de ámbito laboral han optado desde entonces por cuestionar los principios de la reforma respecto a la autorización de los expedientes de regulación de empleo, el final de la vigencia indefinida de los convenios colectivos ya vencidos, el cálculo de las indemnizaciones por despido o los nuevos tipos de contrato.
Aunque en enero del año pasado el Tribunal Supremo intentó poner freno a la cascada de sentencias que contradecían la nueva normativa, instando a los magistrados a no extralimitarse en sus funciones, los autos judiciales en este sentido se han multiplicado en los últimos meses, e incluso el Alto Tribunal ha contribuido a ello con una sentencia dictada en diciembre que anulaba la supresión de la ultraactividad y con la declaración el miércoles pasado de la nulidad del ERE ejecutado en enero del año pasado por las embotelladoras de Coca-Cola en España, con el argumento de que se vulneró el derecho de huelga durante el proceso de negociación con los trabajadores afectados. De ahí que no sorprenda que otros juzgados hayan seguido su estela, como la Audiencia Nacional, que acaba de establecer que los empleados con jornada reducida pueden diseñarla a su gusto y no tienen que distribuirla de forma “diaria y proporcional”, como establece la reforma laboral, y que durante el año pasado invalidó una veintena de ERE por defectos de forma o tras poner en cuestión los motivos alegados por las empresas (a pesar de no tener potestad para ello), forzándoles a readmitir a unos 5.000 trabajadores anteriormente despedidos.
La reforma laboral cuenta con el aval del Tribunal Constitucional y el aplauso generalizado de los organismos internacionales, lo que debería llevar al Gobierno a perseverar en esta línea reformista e introducir nuevas mejoras en la ley, como reclamó el pasado 15 de abril el presidente del BCE, Mario Draghi.