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El Ministerio de Trabajo se ha comprometido con Bruselas a una prórroga que dure hasta final de este año
Los negociadores van tomando posiciones de cara a la apertura de la negociación para la prórroga de los Ertes que se inicia hoy y que debe estar completada antes del 31 de mayo cuando se agota el plazo legal para los actuales.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pidió ayer prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) hasta la finalización del calendario de vacunación, tras conocer los datos de desempleo del mes de abril.
En un comunicado, la patronal lanzó un mensaje de prudencia y destacó la importancia de mantener las medidas de apoyo y acompañamiento a las personas y empresas hasta lograr una plena recuperación económica y vuelta a la normalidad.
Respecto a los plazos, el Ministerio de Trabajo reconoció en el plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas el pasado viernes que los nuevos Ertes que se aprueben este mes se mantendrán activos durante todo el presente año.
Por su parte, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) insistió, ante la tardanza de las ayudas directas a los sectores más afectados por la pandemia, en adaptar los expedientes de regulación temporal de empleo a la vulnerabilidad de las pymes de manera "inmediata".
Así, Cepyme pide eliminar las cláusulas y sanciones "que provocarán el cierre de muchas empresas" y que se ayude a que las empresas de menor tamaño puedan adaptarse a los ritmos de actividad actuales.
Cepyme se ha mostrado en todo momento muy beligerante con la exigencia a las empresas que se han acogido a un Erte de mantener el empleo durante seis meses una vez finalizado el expediente. Aquellas empresa que despidan, aunque sea un sólo trabajador, deberán devolver todas bonificaciones de las cotizaciones sociales de las que se hayan beneficiado durante todos estos meses.
CEOE y Cepyme han intentado en varias negociaciones suavizar esta cláusula de prohibición de despedir. El pasado año, Trabajo concedió que la devolución se limitará a las bonificaciones, pues al principio también debían reintegrar las prestaciones cobradas por sus trabajadores. Además, se permite despedir a las empresas que aleguen riesgo de cierre. Pero Trabajo ya no quiere volver a ceder.
Fuente: Consejo General de Graduados Sociales de España