“La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros romperá todos los acuerdos de la negociación colectiva”, que están referenciados al pacto salarial suscrito por la patronal y los sindicatos en julio de 2018. Así de contundente fue el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, al explicar a la Junta Directiva de la patronal el impacto en los convenios de la subida de 100 euros –hasta 1.000 euros mensuales, un 11%– que pretenden el PSOE y Podemos para el año que viene.
La razón es la siguiente: Muchos convenios colectivos tienen prevista hacer esa subida de “manera progresiva”, hasta llegar a los 14.000 euros anuales, contando con las dos pagas extraordinarias. Sin embargo, el Gobierno, en su acuerdo con Podemos del año pasado, se anticipó a las empresas, colocando el Salario Mínimo Interprofesional en 900 euros en 2019. Es decir, con un incremento del 22,3%. Si el Ejecutivo también aprueba este año subir esta renta a 1.000 euros, sin consultar a la patronal y los sindicatos, no sólo afecta a los trabajadores del campo y a las empleadas del hogar, sino que, según CEOE, también empieza a invadir la negociación colectiva.
Esto se debe a varias razones: la primera es que hay en torno a dos millones de trabajadores en las empresas con un sueldo de en torno a los 1.000 euros. Con frecuencia, los convenios de las empresas y de los sectores tienen un salario mínimo más alto que el que decide el Gobierno, pero los empresarios temen que haya “deslizamientos”. Es decir, que los sindicatos empiecen a pedir en las empresas incrementos inusuales para los salarios más bajos, ante la necesidad de separarse de la cifra decidida por el Ejecutivo, en un efecto de escala.
Por este motivo, Gerardo Cuervas, presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa (Cepyme), dijo ayer que su sector es el más afectado por decisiones como las que pretende tomar el Gobierno sobre el SMI, si al final Sánchez es investido presidente.
Por ello, y en declaraciones a la prensa tras la Junta Directiva, Garamendi dijo que subir el salario mínimo a 1.000 euros en 2020 “es una barbaridad y llevaría a mucha gente a la economía sumergida”. El dirigente empresarial se refiere a que, ante una importante subida de los costes laborales, muchas sociedades pequeñas pueden optar por contratar trabajadores, pero sin Seguridad Social. Así se lo trasladó al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que mantuvo ayer sendas conversaciones telefónicas con Garamendi y con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez. Sánchez también busca apoyos en los agentes sociales, como con las comunidades autónomas y los partidos políticos para desviar la atención de sus negociaciones para la investidura con, entre otros, los independentistas catalanes, que tienen presos por delitos de sedición y malversación de fondos públicos por la declaración ilegal de independencia de Cataluña de octubre de 2017. Sánchez también negocia con Bildu, que se niega a condenar los crímenes de la banda terrorista ETA.
UN GOBIERNO CUANTO ANTES
En este contexto, Sánchez comunicó a los agentes sociales que “las negociaciones van bien y que confía en formar Gobierno pronto”. Sin embargo, Garamendi le pidió “margen y que no presione” a la patronal y los sindicatos con el Salario Mínimo Interprofesional. “Vamos a ver si [CEOE, Cepyme CCOO y UGT] somos capaces [de llegar a un acuerdo], igual no lo somos, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que intentarlo”, dijo Garamendi, que pidió al presidente “que valore el diálogo social”. “Nos tendremos que sentar y hablar y lo que sí pedimos al Gobierno es que nos deje margen y que no nos marque los espacios. Así nos lo ha reconocido el presidente y espero que así sea”, explicó el empresario vasco. Porque, además, CEOE protesta al Gobierno cuando sube el salario mínimo, porque aumenta los costes laborales de las empresas, pero no hace lo mismo con las licitaciones públicas de las administraciones. En consecuencia, se elevan los costes, pero no los ingresos.
Pepe Álvarez, y Unai Sordo también pidieron a Sánchez que respete el diálogo social, para que que sean los convenios los que fijen los salarios en las empresas. Pero además reclamaron al presidente que, ante la perspectiva de un Ejecutivo “progresista”, lleve a cabo “la derogación de la reforma de las pensiones y del mercado de trabajo” realizadas por el Gobierno del PP. Incluyendo la supresión del despido del empleado por faltar de forma reiterada al trabajo, por enfermedad.
Fuente: Expansión