La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, anunció este lunes que el Gobierno está trabajando “en medidas adicionales para proteger a los colectivos que puedan quedar en situaciones más vulnerables”. En una rueda de prensa celebrada en La Moncloa en la que compareció junto al ministro de Sanidad, admitió que el Ejecutivo está analizando con los sindicatos y la patronal nuevas iniciativas para aquellos grupos que viven mayores apuros debido a la crisis del coronavirus, como, “por ejemplo, las empleadas del hogar, los que hayan acabado su prestación de paro, los arrendatarios o los trabajadores que tienen a su cargo personas dependientes”. Al final del día, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, también dijo que el Gobierno prevé aprobar la próxima semana medidas para los inquilinos en problemas por la pandemia. Y anunció nuevas restricciones en el transporte público colectivo.
Entre las medidas que los agentes sociales y el Gobierno han acordado abordar, figuran las prestaciones complementarias a los trabajadores que se queden sin ingresos y permitir el aplazamiento de pagos a las personas que no puedan sufragar el alquiler, así como ampliar las ayudas a los autónomos.
En medio del debate sobre la necesidad de adoptar más medidas sociales, Calviño ha sido retratada como la defensora de la ortodoxia y la austeridad dentro del Gobierno. Con estas declaraciones, la vicepresidenta dirigió este lunes el foco de las posibles actuaciones hacia aquellas personas que realmente lo necesiten. Y abrió la puerta a las reivindicaciones que esgrime parte del Ejecutivo. Los miembros de Podemos han urgido a hacer más. Y en esa discusión han tenido además el respaldo, entre otros, del titular de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. Incluso el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, entró en la refriega el pasado domingo justificando en una entrevista en La Sexta que se implementase una renta mínima transitoria para los más damnificados por la crisis de la Covid-19. No obstante, este lunes la vicepresidenta Calviño evitó entrar en medidas concretas.
En la reunión celebrada este lunes por videoconferencia, a la que asistieron casi todos los ministros miembros de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos encabezados por Calviño, las partes acordaron cerrar las nuevas medidas en próximos encuentros esta misma semana con cada uno de los ministros involucrados. “Estamos muy contentos de que, tras mucho debate, se haya abierto la posibilidad de llevar al Consejo de Ministros la propuesta de suspensión de los pagos del alquiler para la gente vulnerable afectada por la Covid-19”, señala una fuente de la vicepresidencia de Asuntos Sociales. Y agrega que se debe distinguir entre los pequeños y los grandes propietarios.
Según explican los sindicatos, todos los colectivos afectados van a necesitar la prestación complementaria. Las personas que vivan de alquiler y estén afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) tendrán que recibir alguna compensación, reclaman. En este caso sería mediante una disposición que impidiera que los propietarios de las viviendas les puedan echar por no pagar. Se apela también a la comprensión de los dueños y la flexibilidad en la aplicación de la ley.
La vicepresidenta reconoció además que los agentes sociales le piden que se afinen algunas de las medidas ya aprobadas. En general, se está trabajando en coordinar bien los criterios de los ERTE para que todo el empleo perdido se produzca mediante esta fórmula y no con despidos directos. La clave es evitar los cierres de empresas y minimizar los despidos de modo que no supongan un lastre durante la recuperación, dijo. CEOE y Cepyme reclamaron que las suspensiones temporales de empleo se agilicen más. En cambio, CC OO y UGT solicitaron que los expedientes de empleo no se conviertan en una suerte de coladero.
Calviño admitió también que durante la última semana la economía ha sufrido una “ralentización significativa” que se ha podido apreciar en los datos de consumo de energía y de transporte. Al ser preguntada por si se llegaría al cierre completo de la actividad económica, la vicepresidenta explicó que las decisiones han sido guiadas en todo momento por las autoridades sanitarias, que ya se han tomado las medidas más restrictivas de entre los países de nuestro entorno y que en estos momentos ya solo funciona lo que es estrictamente necesario para que se satisfagan necesidades básicas.
De hecho, apuntó que el suministro está siendo “relativamente normal” en el sector agroalimentario, productos básicos, agua, gas, luz y telecomunicaciones. Defendió que se mantenga la apertura de las oficinas bancarias como algo prioritario para que los mayores puedan tener acceso al dinero. Y destacó que se está reorientando la producción de la industria para que se centre en el material que se precisa para la crisis sanitaria, es decir, mascarillas, ventiladores y medicinas. Es más, se está trabajando para que estos negocios que permanecen abiertos puedan disponer de equipos de protección para los empleados y que se puedan organizar por turnos.
La responsable de asuntos económicos no mencionó la construcción, que es el sector que sigue todavía operando y que, en principio, no responde a ese criterio de primera necesidad. En Italia se ha aprobado ya el cierre de todos los sectores no esenciales y aquí una parte del Ejecutivo acusa a Calviño de que no se esté profundizando más en esa vía. En la rueda de prensa, la vicepresidenta económica afirmó que el Gobierno no quiere que España se pare.
El Gobierno aprobará este martes las características de los 100.000 millones en avales anunciados para evitar que la banca restrinja el crédito. Calviño añadió que estas líneas de garantías se harán con carácter retroactivo y con una especial sensibilidad para pymes y autónomos. Las patronales insistieron el lunes en que se cubra un porcentaje alto del crédito para que llegue mejor a los pequeños empresarios.
En cuanto a los autónomos, se pidió que se amplíen las medidas aprobadas por el Ejecutivo. El Gobierno estudiará ahora fórmulas para aplazar pagos a la Seguridad Social u otros de carácter administrativo.
La CNMV ha prohibido durante un mes la especulación bajista, esto es, las ventas a corto. Y se ha limitado que empresas de fuera de la UE puedan comprar participaciones significativas en compañías españolas. Sin embargo, la vicepresidenta rechazó de plano que se vaya a cerrar la Bolsa.
Por su parte, Ábalos anunció que el Gobierno ha aprobado una nueva orden ministerial para restringir aún más el transporte público colectivo, aunque no se ordena su paralización absoluta, informa Ramón Muñoz. La oferta en trenes AVE y Larga Distancia queda reducida en un 90% respecto a lo habitual, frente al 85% fijado inicialmente en el decreto del estado de alarma. Cercanías, el único transporte que mantenía su oferta total, se reduce al 50%, tras constatar que los trenes circulan por debajo del 15% de su capacidad.
Fuente: Consejo General de Graduados Sociales de España