Bruselas no solo reprendió de nuevo a España por su elevada deuda pública. También le advirtió de que la marcha atrás en la reforma de las pensiones sin adoptar antes medidas para compensar su impacto presupuestario supone “elevados riesgos” para la “sostenibilidad financiera” a medio y largo de la Seguridad Social. La Comisión Europea, que estima que el aumento del gasto en pensiones llegará a ser del 4,7% del PIB en 2050, lamentó que la medida abre la brecha de la desigualdad intergeneracional. Bruselas también urgió a corregir el abuso de los contratos temporales y la desigualdad de rentas.
La Comisión desgranó este miércoles, país por país, la situación macroeconómica, financiera, laboral y social de la Unión Europea. Se trata de una suerte de examen cuya eficacia los países ponen en entredicho —la prueba es que Alemania y Holanda siguen acumulando grandes colchones fiscales— pero que sirve para sacar los colores a más de uno.
La Comisión volvió a mostrar su preocupación por el déficit “tozudamente alto” de las cuentas públicas y, en especial, por la deuda, del 95,5% del PIB, según el Banco de España. Bruselas no percibe riesgos a corto plazo, pero sí a la larga. En el informe, de un centenar de páginas, avisa en varias ocasiones a España sobre el peligro de haber vuelto a vincular las pensiones con el IPC y haber aparcado la aplicación del factor de sostenibilidad, que tenía en cuenta también la esperanza de vida en el cálculo de la pensión inicial de un jubilado.
Esas dos decisiones las adoptó el Gobierno de Mariano Rajoy para lograr los apoyos para aprobar los Presupuestos de 2018. Y el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a ligar inflación y pensiones de forma permanente. Esta permanencia, considera el informe, “beneficia a los pensionistas de hoy a expensas de generaciones futuras”. “A menos”, añade, “que se implementen medidas compensatorias”. Dado el envejecimiento de la población, la Comisión estima que volver a vincular pensiones e inflación incrementará el gasto en un 4% del PIB, mientras que eliminar el factor de sostenibilidad lo hará un 0,7% a largo plazo.
Bruselas no solo ve ahí un problema para generaciones venideras, sino también para las actuales. Ese aumento de gasto, a su juicio, “empeora la igualdad intergeneracional” porque “la pobreza afecta principalmente a grupos de edad joven, incluyendo niños”.
Bruselas recuerda que España es el socio de la UE que menos ayudas da a familias. Y señala todas las asignaturas pendientes del país con sus jóvenes: el riesgo de exclusión social, sobre todo entre la población infantil; la integración al mercado laboral; procurar una salida a la todavía gran proporción de ninis —el 12,4%, una de las mayores de la UE—; el temprano abandono escolar; el riesgo de exclusión social o el complejo acceso a la vivienda en grandes ciudades.
El Ejecutivo de Ursula von der Leyen no entra a decir cuáles deben ser las medidas compensatorias, aunque una de las alternativas que se han barajado pasa por recaudar más mediante impuestos. Y ahí el informe recuerda que España todavía tiene margen. El documento señala que los ingresos tributarios de España en 2018 suponían el 34,7% del PIB, por debajo del 39,2% de la UE y el 40,6% de la zona euro. La Comisión ahí marca el camino: hay espacio en los gravámenes al consumo, al medio ambiente y a la propiedad.
Contrareforma laboral
El informe que publicó la Comisión ahonda también en el mercado laboral. Bruselas admite que el crecimiento económico ha permitido que el empleo vaya bajando, pero este sigue siendo “todavía muy elevado”, sobre todo entre jóvenes y trabajadores no cualificados. “El uso generalizado de los contratos temporales pesa sobre el crecimiento de la productividad y alimenta la desigualdad y la pobreza en el trabajo”, señala el informe, que recuerda que España aún sufre una de las mayores desigualdades de rentas de Europa.
La Comisión ya había advertido sobre una contrareforma laboral, pero de forma tímida. En esta ocasión, destaca el “papel importante” de las reformas de 2012 y 2013, que a su juicio “apuntalaron” la recuperación del mercado laboral. Por ello, fuentes comunitarias advirtieron al Gobierno de que antes de derogar aspectos de la reforma laboral, se aseguren de proteger su capacidad de crear empleo.
Fuente: Consejo General de Graduados Sociales de España