Las grandes empresas que tienen beneficios deben abonar al Tesoro Público el coste del desempleo y de sus cotizaciones de los trabajadores mayores de 50 años que despidan por causas no imputables a éstos. Así lo ratifica una sentencia que la Audiencia Nacional publicó ayer respecto a una demanda del Grupo Raga que, entre otras cosas, da servicios a las ciudades en gestión de parques y residuos.
La empresa recurrió el requerimiento de pago de los Servicios Públicos de Empleo de que abonase los costes para el desempleo de trece trabajadores mayores de 50 años despedidos por la empresa, con beneficios, en aplicación de la llamada enmienda Telefónica. Es decir, la disposición adicional decimosexta de la ley de reforma de la Seguridad Social, de 2011, que trata de combatir la prejubilación de estos trabajadores, y más, con cargo al dinero público.
El reglamento posterior amplió las empresas objetivo de la medida desde las que tenían 500 trabajadores a las que tenían 100.
En el fallo, la Audiencia Nacional obliga a la compañía a pagar al Tesoro 116.163 euros, si bien excluyó de la liquidación a dos de los 13 despidos examinados.
Los argumentos de la sentencia son contundentes. En primer lugar, porque la Audiencia Nacional dice que la norma “persigue un objetivo loable, que procura evitar que el impacto de la crisis económica se proyecte sobre los trabajadores mayores”. En segundo lugar, porque la empresa puede tomar otras medidas como cambiar el horario, la suspensión del contrato o la inaplicación del convenio para evitar los despidos. “Cuando [la empresa] no lo hace así, a sabiendas de lo que dice la ley, deberá asumir las consecuencias de despedir a los trabajadores mayores evitando, de este modo, la socialización [a través del presupuesto del desempleo] de los costes de su decisión”.
Los magistrados se extienden en los objetivos de la norma y el contexto en el que se aprobó. “El legislador comprende que, en un contexto económico recesivo, donde el desempleo se ha convertido en el primer problema nacional, [los trabajadores mayores de 50 años] son un colectivo especialmente vulnerable. La pérdida de su empleo comportará su inclusión en los parados de larga duración, que probablemente no encontrarán otro empleo”
Fuente: Expansión