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ALARMA ENTRE EMPRESAS Y TRABAJADORES POR LA POLÉMICA GUÍA DE TRABAJO SOBRE EL CORONAVIRUS

6 marzo 2020
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La decisión del Ministerio de Trabajo de publicar de forma unilateral una Guía de Actuación laboral frente a la epidemia del coronavirus, en la que insta a paralizar la actividad empresarial en caso de riesgo "grave e inminente" de contagio e incluso abre la puerta a que esta decisión pueda ser tomada por los propios trabajadores, no solo ha desatado una tormenta de críticas por parte empresarios y sindicatos, sino que ayer provocó el enésimo choque entre los socios de coalición del Gobierno PSOE-Podemos, que se saldó con una sonora desautorización de Moncloa al departamento que dirige la morada Yolanda Díaz. El Ejecutivo difundió un mensaje en el que de forma nítida afirmaba que la gestión de la crisis del coronavirus corresponde a Sanidad y que "todo el Gobierno" sigue sus instrucciones ante el avance la epidemia, con "coordinación total entre las distintas administraciones del Estado". Un mensaje en el que posteriormente ahondaron los ministros del flanco socialista, como María Jesús Montero o Luis Planas, enfatizando su desmarque de la ministra de Podemos.

El mensaje de Moncloa fue una enmienda, entrelíneas pero rotunda, a la actuación de la titular de Trabajo, a la que tanto la patronal como los sindicatos reprocharon actuar al margen de los agentes sociales. Cada vez queda más lejos la máxima sanchista de "un Gobierno, dos partidos, pero una sola voz" en un Ejecutivo que sigue hablando con varias voces y mucha cacofonía.

La aclaración de Moncloa no bastó, sin embargo, para impedir una avalancha de consultas de las empresas a los despachos de abogados para conocer las implicaciones del texto, que Yolanda Díaz se negó a retirar con el argumento de que es una "compilación de las normas que están en nuestro ordenamiento vigente y que tenemos la obligación de conocer todos", pese a que su publicación provocó gran alarma y confusión.

Sin carácter normativo

"[Las empresas] nos están bombardeando a consultas porque hay mucha inseguridad e incertidumbre", afirmó ayer a EXPANSIÓN Román Gil, socio de Sagardoy Abogados, describiendo una situación que viene de días atrás y que se ha acentuado tras la presentación del documento de Trabajo. Para este experto en Derecho Laboral, "técnicamente, la guía es correcta", pero naufraga en la forma en que se expresa, "que genera un alarmismo innecesario". El primer mensaje desde los despachos a las empresas es que el documento de Trabajo no tiene carácter normativo. De hecho, "en gran parte es un sumario de normativa o legislación laboral ya vigente, y por eso no dice nada realmente nuevo; es decir, no crea nuevas obligaciones o derechos", afirma Fermín Guardiola, socio de Baker & McKenzie. Parafraseando a la propia Díaz, es un compendio de la normativa existente que bebe mucho de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. De hecho, uno de los aspectos más polémicos de la guía es que abre la puerta a la aplicación del artículo 21.2 de dicha norma, en virtud del cual los empleados podrían acordar unilateralmente "la paralización de la actividad" en caso de que "el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores". Una medida diseñada para situaciones de emergencia como un incendio, el riesgo de derrumbamiento de un edificio e incluso un seísmo, pero no para una crisis sanitaria como la del coronavirus. Un acuerdo que, además, debería ser ratificado o anulado por la autoridad laboral en el plazo de 24 horas.

Sobre este aspecto, Alfredo Aspra, socio responsable del área laboral de Andersen, que califica la guía de "precipitada", advierte de que una "interpretación ventajista" de ese artículo por parte de los trabajadores podría generar serios problemas laborales en el seno de las compañías. Un diagnóstico en el que coincide Braulio Molina, socio del departamento laboral de Garrigues, quien señala que la interpretación de esa posibilidad debería hacerse de forma "muy restrictiva", analizando "caso por caso", por "el impacto que tendría sobre las empresas".

El documento de Trabajo peca también de serias deficiencias. Por ejemplo, es "desconcertante que no se hayan adoptado ni reflejado en la guía medidas de reposición del desempleo", afirma Eduardo Peñacoba, socio de laboral de Simmons & Simmons, para quien la posición del Ministerio en el texto "sería desplazar injustamente al trabajador las consecuencias de los ERTE que en muchos casos podrán tener causa de fuerza mayor", por ejemplo, por la cancelación de espectáculos públicos, eventualidad para la que ya se preparan las compañías del ramo. Trabajo tampoco ha considerado medidas para favorecer el teletrabajo, como sí han hecho, por ejemplo, las autoridades italianas.

Los expertos coinciden en que una cuestión tan sensible y de tanta relevancia económica debería haberse consultado previamente con patronal y sindicatos y, sobre todo, haberse abordado en estrecha coordinación con las autoridades sanitarias, porque junto a la inquietud por los estragos que ya está causando el virus en sectores estratégicos como el turismo, las empresas están también preocupadas "por distintos comunicados que están creando una situación de inseguridad jurídica. Sería mejor seguir los consejos de los responsables de Sanidad y, en caso de necesidad, favorecer que las empresas puedan utilizar las vías ya existentes para resolver esta situación, como es la incapacidad temporal o la suspensión de contrato, pero no las vías unilaterales", afirma Jordi García Viña, director en el área de Laboral de KPMG Abogados.

Un mensaje en el que ahonda Jesús Lahera, consultor de Abdón Pedrajas, quien señala que la falta de claridad de la guía ha provocado que las empresas continúen sin saber cómo abordar sus planes de contingencia, generando, probablemente, más dudas que seguridad y soluciones".

Fuente: Consejo General de Graduados Sociales de España

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