La agricultura, los exportadores, la hostelería, las empresas de limpieza, del sector textil, de trabajo temporal, la banca o los autónomos, entre otros, mostraron ayer su preocupación por la repercusión en sus sectores, el empleo y la negociación colectiva que pueda tener el acuerdo que el Gobierno, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT firmaron el miércoles sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El pacto, que repercutirá en los sectores de mano de obra intensiva, aumenta un 5,5% la retribución de más de dos millones de trabajadores para este año. El acuerdo eleva la renta, desde los 900 a los 950 euros mensuales. Es decir, 13.300 euros anuales.
El pacto ha suscitado un interesante debate interno en CEOE sobre si supone, o no, salvar los muebles, para evitar que el Gobierno, de acuerdo con los sindicatos, elevase el SMI a 1.000 euros mensuales.
La patronal del campo Asaja, que forma parte de CEOE, fue especialmente dura con el acuerdo. “Es una subida que resulta de todo punto inasumible para gran parte de las explotaciones agrícolas y ganaderas de nuestro país, que arrastran una grave crisis de rentabilidad”. Esto se debe “a los bajos precios en origen y también a los altos costes de producción. Costes que, una vez más, se verán incrementados con esta decisión del Gobierno”. Asaja está presidida por un histórico de CEOE, como Pedro Barato, que también preside la Comisión de la Seguridad Social.
La patronal del campo recordó que, “según la Seguridad Social, la subida del año pasado destruyó 50.000 puestos de trabajo”. Y, de ellos, 33.400 personas dejaron el campo. El SMI subió el año pasado un 22,3%. Desde los 736 a los 900 euros mensuales. Asaja explicó que “las regiones más perjudicadas, en nuestro sector, por esta subida son Andalucía, Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Aragón y Cataluña. También afectará a unos 220.000 trabajadores agrarios, que están en las bases mínimas y niveles retributivos más bajos, a los más jóvenes y a los menos cualificados”.
En la misma línea habló la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas (Fepex). Aglutina a más del 70% de la producción hortofrutícola exportable española (excluidos cítricos y plátano), y subrayó que la subida de 2019 generó un incremento de “costes adicionales y salariales de entre un 7% y 22%” a las empresas del sector, y añadió que no hará más que agudizar esta situación. En este sector, la mano de obra supone hasta el 45% de los costes de producción.
Compensaciones
Juan Díez de los Ríos, presidente de Aspel, la patronal de las empresas de limpieza, pide al Gobierno que, si sube el SMI, compense a la multitud de empresas que trabajan con las Administraciones. Compensación que consistiría en que las empresas puedan trasladar a los contratos públicos el incremento de los costes laborales. Y para ello, el Gobierno debe modificar las leyes de contratos del sector público y de desindexación de la economía. Es decir, de desvinculación de la inflación de las tarifas públicas.
“Nosotros estamos de acuerdo en que suba el salario mínimo, pero debe hacerlo de forma moderada. Porque la ley hace que las empresas que trabajan con las administraciones y otros entes públicos, se tengan que comer las subidas sin poder repercutirlas en los contratos. El Gobierno te sube los costes laborales, pero los empresarios no podemos aumentar los precios en los contratos al que nos ha aumentado nuestros costes”, dice Díez de los Ríos.
Esto es así por varias razones. La primera es que, una vez que el contrato está en vigor, las compañías no pueden subir el precio a las administraciones, o a otros entes del sector público, como Adif o Aena. En segundo lugar, las compañías no pueden dejarlo si ya no les convienen las condiciones. Y, en tercer lugar, la empresa contratada está obligada a continuar prestando el servicio, en el caso de que una vez terminada la vigencia del contrato, no haya ninguna que le sustituya. Las empresas de limpieza dan trabajo a 100.000 personas, pero buena parte de los sectores de servicios representados dentro de CEOE suponen cuatro millones de trabajadores.
Compensar también a las empresas del sector es lo que pide la Feacem, la patronal más importante de centros especiales de empleo. “Aplaudimos la subida del salario mínimo porque beneficia a los trabajadores, pero, como empresarios, pedimos al Gobierno que incremente las ayudas al sector para sostener los costes laborales”, dice Daniel Aníbal García Diego, que preside una asociación con 40.000 trabajadores y 570 centros.
Otro sector que puede resultar muy a afectado por la subida del SMI es el textil. El Consejo Intertextil español reúne a 100.000 trabajadores en 10.000 empresas, y su secretario general, José Serna, se queja de que la renta “está creciendo muy rápidamente en los dos últimos años [un 27,8%] y las subidas debían ser más moderadas”. De otra manera, “puede tener efectos en la contratación y producir una contracción de la misma. “Debe hacerse de forma gradual ante la desaceleración de la economía”, opina Serna.
Miguel Garrido, presidente de la patronal madrileña CEIM y vicepresidente de CEOE, advierte de que “la subida del año pasado causó problemas que no se resuelven haciendo otra vez lo mismo. Se pretende empeorar lo ya ocurrido. Muchas empresas sufren repercusiones en las tablas salariales del resto de trabajadores, se agrava la brecha en el mercado laboral español entre los que tienen empleo y los que no”.
Además, Garrido, que es uno de los vicepresidentes de CEOE, sostiene que los jóvenes son los más perjudicados, porque se van a incrementar sus dificultades para encontrar empleo”. No obstante, el empresario madrileño defiende la firma del pacto para evitar que el Ejecutivo, en connivencia con los sindicatos, eleve el salario mínimo a 1.000 euros.
Por esta razón, Lorenzo Amor, presidente de ATA, la organización de autónomos más representativa y también vicepresidente de la patronal, defiende que “es el menos malo de los acuerdos, para evitar que el salario mínimo subiese a 1.000 euros”. Todo ello, pese a reconocer que en los dos últimos años los costes del empresario autónomo por trabajador han aumentado en 3.980 euros anuales, En ese periodo, el SMI ha pasado desde los 736 a 950 euros.
Emilio Gallego, secretario general de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, que también forma parte de CEOE, considera que “la incidencia no será significativa, salvo en provincias como Jaén o Badajoz “donde el nivel de precios es muy inferior a la media”. No obstante, Gallego recalcó que “toda mejora salarial debe estar siempre vinculada a las mejoras de productividad”.
El convenio de las grandes empresas de trabajo temporal fue el primero en pactar un salario mínimo de 1.000 euros en todo el sector para este año. No obstante, Andréu Cruañas, presidente de la patronal del sector Asempleo, vaticina que “será inevitable que [el incremento del SMI ] produzca una tensión al alza de todas las tablas salariales en los convenios” .
John de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios, opinó que la subida “hará más difícil la reducción del paro, que ahora es lo más importante, y hará que la economía sumergida crezca”. No obstante, valoró positivamente que el Gobierno la haya negociado con CEOE y señaló que “hay que ser realistas, porque beneficia a dos millones de personas”. La patronal catalana de la pequeña y mediana empresa (Pimec) valoró positivamente el acuerdo, pero pidió “medidas que ayuden a mejorar la competitividad y productividad de las pymes con la actual desaceleración ”.
Fuente: Expansión Pro-Orbyt