Tras seis años en manos de la justicia, el Tribunal Supremo ha resuelto un caso que se ha saldado con una condena de 653.000 euros que deberán abonar a uno de sus clientes las aseguradoras Generali, Zurich y Mapfre. Los protagonistas de este procedimiento han sido un notario de Gijón, dos empleados desleales y un contrato asegurador que debido a su falta de claridad, causó la larga batalla judicial.
El notario gijonés que inició el procedimiento contrató en junio de 2007 una póliza con las tres empresas que expiraba en mayo de 2010 y que entre otros siniestros, cubría su responsabilidad civil y la "infidelidad de sus empleados". Aunque su nombre pueda dar pie a equívocos y chistes fáciles, los seguros de infidelidad no tienen nada que ver con la lealtad en la pareja, sino con la de los trabajadores de una empresa. Un directivo que contrate este tipo de pólizas estaría cubriéndose de actuaciones de los empleados como estafas, fraudes, sustracción, falsificación, malversación o apropiación indebida.
Fuente: Consejo General de Graduados Sociales de España