El Gobierno quiere dar de baja en el paro este año a 220.000 personas por fraude en las prestaciones. Para ello, tiene previsto realizar 1.925.000 actuaciones con el fin de ahorrar 1.900 millones de euros a los Servicios Públicos de Empleo. Así se recoge entre los programas de gasto del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que contiene el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2019.
El Ejecutivo quiere mejorar los resultados obtenidos en 2018 en la lucha contra el fraude en las prestaciones por desempleo. Al fin del ejercicio, las bajas por esta razón fueron 208.464 personas, con un ahorro de 1.557 millones de euros, después de hacer 1,7 millones de controles, o acciones, sobre las prestaciones.
Para ello, la administración laboral trabajará en varios campos: en primer lugar, en la mejora de la gestión de todas las áreas, como, por ejemplo, en los reintegros de los pagos indebidos. El objetivo es cumplir con el control sobre 350.000 desempleados.
En segundo lugar, los Servicios Públicos de Empleo y la Tesorería de la Seguridad Social tienen previsto realizar 2,3 millones de controles para comprobar la situación real del beneficiario de las prestaciones. Se trata “de comprobar y asegurar que las personas que perciben las prestaciones están efectivamente desempleadas y dispuestas a realizar acciones para mejorar su capacidad de buscar y encontrar empleo”.
Con la ayuda de las comunidades autónomas, el Gobierno también emprenderá acciones “para garantizar que los perceptores de prestaciones se encuentran en disposición de realizar una prestación laboral”. Dicho de otra forma “es un mecanismo indirecto de control de las personas que perciben una prestación por desempleo sin cumplir los requisitos legales para ello”. Una forma de hacerlo es convocar al desempleado a distintas horas a la oficina de los Servicios Públicos de Empleo, para comprobar que no está trabajando en la economía sumergida.
Como principio general para el próximo año, Trabajo anuncia que “la lucha contra el fraude se llevará a cabo verificando que los beneficiarios de las prestaciones reúnen los requisitos exigidos” para tener la protección. “Tanto para el acceso [a las mismas] como durante su percepción”, así como que cumplen las obligaciones inherentes a su condición de beneficiarios”.
En consecuencia, la administración laboral tiene previsto hacer 1,1 millones de controles sobre los beneficiarios para comprobar si reúnen los requisitos para cobrar la prestación.
Otro capítulo importante en la lucha contra el fraude en el desempleo, es la “potenciación de la defensa” de los intereses de la administración en los tribunales. Es decir, mejorar la estrategia judicial del Gobierno para ganar los litigios sobre la retirada de la prestación. Trabajo espera que este año haya 11.000 sentencias, de las que espera que el 77% sean favorables. El año pasado, los fallos favorecieron a la administración en el 78,22% de los casos.
Es importante reseñar que el Gobierno también extenderá el control de las prestaciones por desempleo a los parados de larga duración. Los Servicios Públicos de Empleo “van a hacer un seguimiento del cumplimiento de la obligación de inscripción como demandantes y búsqueda de empleo de los beneficiarios de la Renta Activa de Inserción”. Este es uno de los programas que están prorrogados hasta que el Gobierno haga una reforma total.
Fuente: Expansión Pro-Orbyt