Aumentan los requisitos de transparencia para las grandes empresas. La comisión de Economía del Congreso de los Diputados aprobó ayer un proyecto de ley que obligará a estas compañías a ofrecer públicamente información sobre, entre otros, el salario medio en cada una de sus categorías profesionales, la proporción de temporales, las cuotas de género en los distintos niveles, sus políticas de conciliación, el desglose del pago de sus impuestos, las medidas anticorrupción o el impacto social y medioambiental de su actividad.
El origen de esta iniciativa se encuentra en una directiva europea que –tras haber sido traspuesta inicialmente como Decreto Ley el pasado diciembre– se incorporará a la legislación española con casi dos años de retraso. En el texto aprobado ayer, que modifica el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas; se establece la obligación para todas las grandes empresas de publicar en su página web un informe sobre su actividad como máximo seis meses después del cierre del ejercicio.
En este documento se tendrá que presentar información detallada sobre varios ámbitos de la compañía. Esta información tendrá que ser especialmente exhaustiva en lo relativo a la plantilla, con el número total de empleados; el desglose por sexo, edad y clasificación profesional; la distribución entre indefinidos y temporales; el número de contratos a tiempo parcial y la remuneración de media en cada categoría profesional, incluyendo la retribución variable, dietas o planes de pensiones de los directivos. También tendrán que detallar sus políticas de igualdad, atención a la discapacidad, conciliación, formación, o para garantizar el derecho a la desconexión.
Las empresas también tendrán que detallar los impuestos que pagan en cada país, así como los beneficios obtenidos en cada sitio y las subvenciones recibidas. Según explica CEOE, desde hace dos años las empresas ya tienen la obligación de informar a las autoridades sobre la mayoría de estas cuestiones fiscales o de organización, pero el que los detalles vayan a ser públicos a partir de ahora supone un inconveniente porque se dará “información a la competencia sobre el modelo de negocio” de cada compañía.
Por último, las grandes compañías deben informar sobre el impacto social de su actividad. En lo que se refiere a su entorno más cercano, por ejemplo, la generación de empleos indirectos o las actividades de patrocinio. En el ámbito medioambiental, además de las emisiones contaminantes, las políticas de economía circular o generación de residuos. También tendrán que explicar las medidas internas para la lucha contra la corrupción, los sobornos y el blanqueo de capitales.
Toda la información recogida en el documento tendrá que ser certificada por un “verificador independiente” y permanecerá en la web de la empresa durante al menos cinco años. Asimismo, se abre la puerta a que el Gobierno, con un reglamento que desarrolle la norma, establezca una serie de indicadores para cada ámbito que permitan realizar una comparativa entre empresas.
Todas estas normas serán de obligatorio cumplimiento para las grandes empresas, entendidas como las que tienen más de 250 empleados, mientras que las pequeñas y medianas quedarán exentas. No obstante, la aplicación se realizará en dos fases. De manera inmediata –lo que a la espera de la tramitación en el Senado podría ser para el propio ejercicio 2018– para aquellas compañías con una facturación de 40 millones de euros y una plantilla superior a 500 empleados, que son las que originalmente estaban afectadas por la directiva europea. Sin embargo, durante la tramitación parlamentaria se ha decidido que estos requisitos de información sean también exigidos al resto de grandes empresas, a las que sin embargo se les concederá un plazo adicional de tres años.
El anteproyecto de ley fue aprobado con los votos a favor de todas las fuerzas parlamentarias presentes en la comisión –PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV y Grupo Mixto– con la única excepción de ERC, que optó por la abstención. Tras haber sido tramitado apresuradamente hace cerca de un año como decreto ley por parte del ministerio de Economía, esta norma se ha ampliado en el Congreso con las aportaciones de los diferentes grupos, que además de ampliar el número de empresas afectadas, han establecido requisitos de información más detallados. “Perseguimos aumentar la transparencia, mejorar la sostenibilidad e incrementar la confianza de consumidores e inversores”, sintetizaba la diputada del PP, Teresa Palmer. “Dar mayor información implica una mejor gestión interna, lo que puede derivar en una mejora de la competitividad”, añadía la diputada socialista Patricia Blanquer.
Ahora, el proyecto de ley pasará al Senado, donde podría sufrir nuevos cambios. Durante la sesión de ayer en la Cámara Baja, varios diputados apuntaron que entre las cuestiones que han quedado pendientes destaca el establecimiento de un régimen sancionador para multar a aquellas empresas que no cumplan con estas nuevas exigencias de transparencia.
Fuente: Expansión Pro-Orbyt