- La patronal busca reducir la sanción por despedir
- Quiere mayores exoneraciones a la Seguridad Social
- Ni Gobierno ni sindicatos quiere tocar la cláusula de salvaguarda
A priori, la negociación para la prórroga de los actuales Ertes, que a finales de año beneficiaban a algo más de 750.000 trabajadores, no se prevé complicada. El 31 de enero se termina su vigencia y la voluntad del Gobierno es ampliar el actual modelo, con pequeños retoques, hasta el 31 de mayo.
Y, además, hacerlo con premura, pues la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende contar con un acuerdo el viernes 15 como tarde. Sin embargo, desde la patronal no están muy conformes con que todo siga exactamente igual y cuatro son sus demandas principales.
La vigencia de la prórroga
El Gobierno quiere volver a prorrogar por otros cuatro meses, como en el acuerdo de finales de septiembre; es decir, hasta el 31 de mayo. Sigue así su máxima de ir poniendo límites aunque siempre abiertos a mantener esta herramienta laboral el tiempo que haga falta. Desde la CEOE entienden que no es bueno esta estrategia de tener que ir renovando los Ertes, pues genera inseguridad a las empresas y desazón en los trabajadores.
Abogan por que en este nuevo proceso negociador se fije en la norma que habrá expedientes mientras la pandemia siga interfiriendo en la economía. Una posición que también defienden en UGT. No obstante, los cuatro meses no incomodan a la patronal que entienden que se garantiza Semana Santa y supera el periodo del estado de alarma, que decae el 9 de mayo. Sin embargo, el borrador de acuerdo presentado por el Gobierno no establece fecha.
Cláusula de salvaguarda
Es el punto más conflictivo y en el que más empeño tienen en CEOE y Cepyme. Entienden que la realidad que se avecina es dura para la mayoría de las empresas y argumentan que algunas, de tener que mantener la plantilla como antes de la pandemia, están abocadas al cierre.
Sin embargo, conscientes de la dificultad de que se suprima la cláusula que prohibe despedir, los negociadores de la patronal buscan fórmulas intermedias que reduzcan las exigencias que impone: en caso de despedir a un solo trabajador, la empresa deberá devolver la totalidad de las exoneraciones de las que se hayan beneficiado por todos y cada uno de los trabajadores que hayan estado en Erte, y durante todo el tiempo.
Garamendi se sumó a un debate que lleva meses en boca de los expertos laborales dejando caer que solo se devuelvan las exoneraciones recibidas por el o los trabajadores, que sean despedidos. Aunque ésta no es una propuesta cerrada. En la CEOE están abiertos a otras fórmulas que reduzcan las actuales obligaciones de la cláusula.
Pero ni el Gobierno ni, mucho menos, los sindicatos están dispuestos a que se rebaje "la sanción" actual. Tanto en UGT como en CCOO recuerdan que ya se rebajaron las condiciones hace meses. Por un lado, se incluyó una salvedad que deja fuera de la obligación de mantener el empleo a aquellas empresas que demuestren entrar en riesgo de cierre.
Y, además, se redujo la cuantía, pues en marzo, cuando se crearon los Ertes de fuerza mayor, se estableció como "castigo" por despedir antes de seis meses del fin del Erte, la devolución no solo de las exoneraciones, también de las prestaciones que hubiese recibido la totalidad de la plantilla. Y eso se quitó.
La voluntad del Ministerio de Trabajo de no ceder a esta petición queda patente en la redacción del borrador que presentó a los agentes sociales. En él se incluye un párrafo que, de manera explícita, establece que "[…] el compromiso de mantenimiento del empleo, resultará de aplicación a cualesquiera expedientes que se beneficien de las medidas extraordinarias en materia de exoneración en virtud de lo previsto en la presente norma, desde su entrada en vigor hasta el XX de XX de 2021".
Exoneraciones de las cuotas
Las exoneraciones de las cuotas a la Seguridad Social sigue siendo un caballo de batalla en la negociación. Lo fue, y muy duro, en la anterior negociación cuando la CEOE arrancó al Gobierno que los Ertes de 42 sectores muy afectados contasen con rebajas a la Seguridad Social. A datos del 18 de diciembre, el 60% de los 772.000 trabajadores en expediente estaba amparado por una exoneración, pero con la entrada de toda la hostelería, se incrementa notablemente.
Sin embargo, solo los Ertes de impedimento en empresas de menos de 50 empleados se benefician de 100% de reducción. Desde la patronal quieren que se eleve en el resto de modalidades hasta acercarse los más posible al 100%. El Gobierno ha hecho un guiño y en el borrador se aviene a negociar los Ertes menos beneficiados, los de impedimento, aunque está por ver cuánto está dispuesto a subvencionar.
Reducir los trámites
Por último, en la CEOE entienden que lo importante no es alcanzar un acuerdo en breve, sino garantizar que las empresas no tengan retrasos o dificultades en la tramitación de los expedientes. Son ajustes técnicos para corregir algunas disfuncionalidades, como comentó el secretario general de CCOO, Unai Sordo.
También aquí el Gobierno ofrece mejoras en el borrador, como la posibilidad de cambiar un Erte de impedimento por uno de limitación, o viceversa, sin tener que solicitar un nuevo expediente. Éste es uno, aunque hay otros desajustes que complican la vida a la empresa.
Negociación interna
Aunque estas cuatro peticiones son importantes para CEOE y Cepyme, no parece que se vayan a convertir en líneas rojas en la negociación. Sin embargo, la patronal debe contar con el beneplácito de sus órganos internos y son estos los que deben dar el nihil obstat a un acuerdo. Y el empresariado no está muy contento con el apoyo recibido en conjunto del Gobierno, como quedó patente con el plan de choque de la hostelería. CEOE debe esgrimir algún logro ante sus bases.
Fuente: Consejo General de Graduados Sociales