- La ministra Díaz firma con los sindicatos el acuerdo, tras casi dos años de negociación
- Trabajo cierra la negociación de prevención de riesgos sin CEOE y aprobará cambios sin pasar por el Congreso
El Ministerio de Trabajo, CCOO y UGT han firmado este martes el acuerdo que servirá de base para el proyecto de ley con el que el Gobierno busca cambiar la Ley de Prevención de Riesgos después de tres décadas. La CEOE no ha respaldado el texto que introduce los riesgos en materia de salud mental, los asociados a la edad, al cambio climático o al teletrabajo para actualizar la normativa.
Esta norma, que tendrá que ser respaldada por un Congreso de los Diputados en el que se duda que pueda contar con mayoría, introducirá nuevas obligaciones para las empresas y los empleadores en materia de salud laboral. El foco de los negociadores ha estado en la salud mental por ser la problemática que más se ha incrementado en los últimos años, especialmente entre los trabajadores más jóvenes, como reflejan los datos de incapacidad temporal.
La previsión es que esta ley se acompañe por varios desarrollos reglamentarios consensuados con los sindicatos y a los que el Ministerio de Trabajo sí podría dar salida sin pasar por la Cámara Baja. Uno de ellos podría tratar exclusivamente de los riesgos psicosociales, con el fin de obligar a las empresas a contemplar esta variable en su plan de prevención. En este marco, las empresas tendrían que evaluar cómo afectan las condiciones del puesto de trabajo o cómo se presta, si por ejemplo se hace teletrabajo, o cómo se distribuye la jornada.
El Ministerio de Trabajo valora la posibilidad de impulsar estos decretos de forma paralela a la ley, sin esperar a que el texto legal pueda ser tumbado en el Congreso, ya que puede usar como soporte la norma vigente. Así también se lo han demandado los sindicatos, que consideran urgente reforzar los controles y los protocolos de las empresas para evitar que sigan falleciendo 700 personas al año en su trabajo.
El Gobierno y los sindicatos también han acordado incluir la edad y la "diversidad generacional" como un factor a tener en cuenta para garantizar que se adapte el puesto de trabajo a las capacidades que tengan durante su envejecimiento. También se apuesta por incluir la perspectiva de género, tanto para medir si los riesgos podrían afectar a cada género de forma diferente como para revisar el impacto de los riesgos de las profesiones más feminizadas, en los que entienden que se han infraestimado hasta ahora.
Otros aspectos del acuerdo, en cambio, tendrán que esperar a la reforma de la ley como la alusión específica a los riesgos psicosociales en la norma o la creación de la figura de los agentes territoriales de prevención. Esta figura estaba pensada para reforzar la vigilancia de los riesgos laborales en las empresas de menos de 10 trabajadores y que no cuenten con representación legal de los trabajadores. La idea es que los sindicatos y la patronal los que elijan a estas personas en cada comunidad autónoma, para servir como refuerzo de la Inspección de Trabajo. Esta ya existe en Asturias, Navarra o La Rioja.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que esta será la ley más importante que impulse en los seis años que lleva al frente de la cartera, por tratar directamente de la salud de los trabajadores. En este sentido, la vicepresidenta segunda ha sostenido que no se puede normalizar que el agotamiento o la ansiedad generada por el trabajo y que el cambio de las dinámicas de trabajo con el entorno digital tienen que ser contemplados en una nueva normativa.
Fuente: elEconomista