- Nuestro país e Italia lideran la destucción de compañías en la UE…
- …por el elevado peso del turismo y la hostelería en la economía
- El coste de cerrar el negocio es mayor aquí que en Holanda y Reino Unido
La pandemia aún arroja previsiones adversas sobre la economía española. Según Coface, como consecuencia del impacto de la crisis sanitaria, las disoluciones de compañías en nuestro país aumentarán un 22% entre este año y el próximo 2021. De este modo, la falta de liquides, la menor demanda de bienes y servicios, y la disminución de actividad comercial y el desplome del PIB en los países desarrollados seguirá haciendo mella en el próximo ejercicio, lejos de traer consigo la tan esperada recuperación en V anunciada por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la revisión del Plan de Estabilidad para este año. Más allá, el análisis elaborado por la aseguradora internacional, también arroja una mala Italia, que junto con nuestro país, serán los países más afectados en términos de destrucción de empresas del entorno comunitario.
En el caso del país transalpino, que es el más perjudicado de las grandes economías del euro, con un aumento de disoluciones del 37% hasta finales de 2021, junto con nuestro país descuenta el elevado impacto de la pandemia en sectores críticos como el turístico y el hostelero, de gran preponderancia en ambas regiones por su elevada vinculación a este tipo de actividades económicas con un alto componente de estacionalidad. Coface prevé sin embargo que las insolvencias aumenten considerablemente en toda Europa en el segundo semestre de 2020 y en 2021. Alemania, el país menos penalizado, seguiría registrando un aumento del 12% de las insolvencias entre finales de 2019 y finales de 2021. Francia (+21%) y España (+22%) se verán más afectadas por la crisis, pero se prevé que los mayores aumentos del número de insolvencias se produzcan en los Países Bajos (+36%), el Reino Unido (+37%) e Italia (+37%).
"La jerarquía relativa al aumento de las insolvencias es aproximadamente similar a la de las previsiones de crecimiento", apuntan ligando esta tendencia de destrucción de empresas a la pérdida de PIB, a lo que Coface añade que la capacidad de respuesta de las insolvencias en períodos de contracción económica también está vinculada al costo del procedimiento.
En este sentido, la aseguradora aborda en su análisis las ayudas en el que recuerda que el 17 de marzo, el Gobierno español aprobó el decreto 8/2020, que durante el estado de alerta, suspende la obligación de los directores de las empresas de iniciar la insolvencia procedimientos dentro de los dos meses de la iliquidez. Con el fin de reforzar este mecanismo, el Gobierno adoptó el 28 de abril un nuevo Decreto Real (16/2020) que amplía este suspensión hasta el 31 de diciembre. Además, hasta esta fecha, los jueces no estarán de acuerdo en procesar las peticiones de procedimientos de insolvencia presentados por los acreedores después del estado de alerta fue declarado.
El coste de cerrar
Coface apunta de este modo a que el coste de los procedimientos de disolución de la empresa está detrás del volumen de disoluciones, que en nuestro país por ejemplo es más gravoso que en los del norte de la UE. Ello, como se muestra en el gráfico implica directamente que en momentos de contracción de la economía y de crisis registren más disoluciones de sociedades y destrucción de su tejido productivo, como se observa para los casos de Holanda y Reino Unido.
Sin embargo, esta misma circunstancia tiene otra lectura: la del dinamismo del parque empresarial. Esta misma flexibilidad para poner fin al negocio es la que computa en el momento de recuperación del ciclo económico para también registrar mayores incrementos de creación de empresas que donde la burocracia lastra estos procesos de emprendimiento, como es nuestro país, donde una de las demandas históricas del empresariado es reducir la carga administrativa.
Reconversión de ERTE en Francia
El gobierno francés ha decidido reducir progresivamente el régimen de trabajo a tiempo parcial (cuya cobertura se redujo del 100% al 85% de la indemnización pagada al empleado el 1 de junio) y repartir en 36 meses el pago de las cotizaciones a la seguridad social aplazadas durante la crisis (para evitar una retirada repentina de las medidas de apoyo), ya que una ola de insolvencias parece inevitable en el segundo semestre de 2020, e intentan mitigar con esta medida el apalancamiento de las mismas. Si bien la magnitud de esta ola de insolvencias podría reducirse, en Francia y en el resto de Europa, mediante la ampliación de las medidas de suspensión de la obligación de presentar una solicitud de concurso, sólo se aplazaría parcialmente al año siguiente. Cabe recordar, que hay sectores de actividad cuya supervivencia está directamente ligada a la evolución de la pandemia, y que tanto para este año, como para el que viene -a finales de 2021 se prevé la vacuna para el covid-19- mantendrán dificultades para funcionar al mismo nivel previo a la pandemia.
Fuente: Consejo General de Graduados Sociales de España