- Bruselas ha llamado la atención a España por el exceso de normas. También por la corrupción en los procesos de contratación pública y la fiscalidad elevada. La CE alerta del "alto riesgo" de corrupción en la contratación pública
- La Comisión Europea vuelve a suspender a España en varias de sus asignaturas pendientes: la burocracia, la opacidad en la contratación pública y una fiscalidad poco competitiva para quienes quieren invertir y crecer
En su último informe del Semestre Europeo, Bruselas advierte que la fragmentación normativa, los retrasos judiciales y los riesgos de corrupción siguen limitando la capacidad de las pymes y los autónomos para innovar, competir y ganar contratos públicos.
Cada año, la Comisión Europea revisa la economía de todos los Estados miembros como si corrigiera sus exámenes de fin de curso. Evalúa cuentas públicas, reformas comprometidas, políticas fiscales y laborales, inversiones en innovación o transición energética y, al final, pone nota: aprueba lo que se hace bien y señala lo que se queda corto.
El objetivo es coordinar las políticas económicas y fiscales para asegurar que todos los Estados mantengan unas cuentas saneadas y una economía competitiva dentro del mercado único.
Para un autónomo o una pyme, estas “notas” son más importantes de lo que parecen: de ellas dependen reformas que pueden traducirse en menos trabas para abrir un negocio, más oportunidades de inversión y mejores condiciones para crecer.
El informe 2025 reconoce la recuperación económica española y su “resiliencia”, pero pone el dedo en la llaga en otras materias como el entorno regulatorio, la fiscalidad y la falta de transparencia.
Y es que a pese a los buenos datos macroeconómicos, Bruselas señala que el “71% de las empresas consideran la complejidad de los procedimientos administrativos como un problema para su actividad” mientras que “las diferencias regulatorias entre regiones desincentivan la expansión simultánea de las empresas a distintas comunidades, limitando la innovación y la eficiencia”.
A esto se suma la hiperinflación normativa: en 2022, la administración española aprobó nada menos que 11.775 nuevas normas, alimentando un laberinto legal que castiga más a los pequeños, según las autoridades europeas.
El informe refuerza también la crítica sobre la presión fiscal ya que “la normativa aplicable a las empresas, incluida la fiscalidad, podría estar obstaculizando la inversión en España”.
Según la encuesta del Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI), el 53% de las pymes españolas ven la fiscalidad como un obstáculo relevante para invertir, la cifra más alta de la UE.
El tipo general del impuesto de sociedades español es del 25%, por encima de la media europea (21 %) y el segundo tipo medio más alto de la UE (25,7% frente a 18,9% de media).
Además, “algunas características del impuesto sobre sociedades podrían disuadir a empresas de expandirse, ya que las más grandes pueden perder beneficios fiscales y enfrentarse a más carga de cumplimiento”.
Y todo esto ocurre mientras el gasto en I+D apenas llega al 1,4% del PIB, frente al 2,2% de media europea, lo que evidencia que los incentivos fiscales para innovar no se aplican de forma efectiva.
La Comisión Europea va un paso más allá este año y aborda sin rodeos el “riesgo de corrupción”, especialmente en las licitaciones. El informe subraya que "un porcentaje mucho más elevado de empresas que la media de la UE considera que la corrupción está extendida y constituye un problema para hacer negocios".
Las cifras que manejan las autoridades europeas ponen de manifiesto que el 91% de las empresas españolas considera que la corrupción está extendida (frente al 64% de media europea) y el 51% cree que afecta directamente a su actividad (media UE: 36 %).
Sobre la “integridad” de las instituciones españolas, Bruselas también señala que “sólo el 15% de las empresas considera que las personas y empresas enjuiciadas por sobornos a altos funcionarios reciben penas adecuadas” frente al 31 % de media europea.
Esta corrupción ya estaría afectando a la economía real pues “el 21% de las empresas cree que la corrupción les ha impedido ganar una licitación o un contrato público en los últimos tres años” en comparación a la media de la UE que es del 27%. Todo ello lleva a la Comisión a establecer que la contratación pública en España es un ámbito de “alto riesgo”.
El informe recuerda que la maraña de permisos, los retrasos y la falta de digitalización del sistema judicial civil y mercantil provocan “numerosas ineficiencias económicas, como mercados menos funcionales, menor emprendimiento y menor disponibilidad de crédito”.
Esta lentitud y falta de transparencia derivan en concursos que quedan desiertos, pagos atrasados y oportunidades que solo grandes empresas pueden asumir. Mientras, muchas pymes se ven obligadas a renunciar a participar en estas licitaciones por falta de recursos para cumplir con los requisitos y plazos exigidos.
Como medida positiva, la Comisión reconoce que desde enero de 2024 se publica cada seis meses la información sobre la participación real de las pymes en las licitaciones, a través de un portal de transparencia. Además, está en marcha un proyecto de ley para crear un registro público de grupos de interés, que reforzaría la vigilancia sobre lobbies y presión empresarial.
España es uno de los principales beneficiarios del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR), con más de 77.000 millones de euros en ayudas directas.
Sin embargo, Bruselas denuncia que “España sólo ha ejecutado alrededor del 30% de los hitos y objetivos del Plan de Recuperación”, debido a “la complejidad de los procedimientos y la falta de coordinación entre niveles de gobierno”.
Bruselas también pone el foco sobre uno de los problemas recurrentes de las pequeñas empresas: la dificultad para financiarse.
El informe recuerda que “el acceso a la financiación sigue siendo un reto, especialmente para las pymes innovadoras” y constata que “las empresas españolas dependen en gran medida de la financiación bancaria en lugar de las acciones cotizadas o los bonos”.
Aunque el crédito bancario ha repuntado y muchas grandes empresas se autofinancian, “las empresas emergentes y las pymes innovadoras se ven limitadas por la escasa liquidez del mercado y los mercados de capitales relativamente pequeños”.
Para desbloquear estos problemas estructurales, la Comisión pone “deberes” a las autoridades españolas:
Simplificar y armonizar la regulación entre regiones
Bruselas subraya que “España debe simplificar la regulación, mejorar las herramientas normativas y reducir la carga administrativa, así como la fragmentación normativa entre regiones” pues considera que la dispersión de reglas entre comunidades autónomas desincentiva que las pequeñas empresas operen a nivel nacional y limita su crecimiento.
Recortar la burocracia al menos un 35 % para pymes
En línea con el Competitiveness Compass de la UE, la Comisión recuerda que “todos los Estados miembros deben reducir la carga administrativa en al menos un 25 % y en un 35 % específicamente para las pymes». Para lograrlo, España debe "producir reglas más simples y acelerar la velocidad de los procedimientos administrativos”.
Acelerar la justicia civil y mercantil y dotarla de más recursos
El informe apunta directamente a la lentitud judicial como freno para la seguridad jurídica y la contratación pública: "La investigación y el enjuiciamiento de los casos de corrupción se ven obstaculizados por el bajo número actual de jueces y fiscales y la ausencia general de jueces y tribunales especializados en asuntos de lucha contra la corrupción".
Bruselas destaca medidas positivas que se están implementando como "la creación de dos nuevas plazas de Fiscales de Sala en 2024 y una nueva ley de eficiencia judicial para acelerar procedimientos", pero insiste en que es insuficiente.
Reforzar la transparencia en la contratación pública y la lucha anticorrupción
Para corregir el “alto riesgo” de corrupción sobre la contratación pública, la Comisión exige avanzar con hechos para “minimizar los riesgos de corrupción” y abrir los contratos a más competencia real.
Impulsar el acceso a financiación no bancaria y mejorar la alfabetización financiera
Las autoridades europeas proponen “medidas centradas en los incentivos para que los inversores minoristas e institucionales participen en los mercados de capitales, así como en la alfabetización financiera general”.
Revisar la fiscalidad para que incentive la inversión y la reinversión
La Comisión recomienda “revisar y simplificar el sistema fiscal, desplazando parte de la carga del trabajo hacia impuestos sobre consumo, medioambientales o patrimoniales” para fomentar la contratación y la inversión productiva.
España tendrá que acometer reformas estructurales
España sale bien parada en el análisis macroeconómico, pero Bruselas sigue preocupada por los cuellos de botella regulatorios, la corrupción percibida y una fiscalidad poco competitiva que siguen atando de manos a miles de autónomos y pymes que sostienen la economía real.
En definitiva, el Semestre Europeo recuerda que la economía española necesita reformas estructurales para incentivar la inversión y el crecimiento de las pequeñas empresas.
Fuente: Autónomos y Emprendedores