- El Gobierno necesita un gesto para detener las protestas de agricultores y ganaderos
- Calviño habla de "un tratamiento específico" en algunos sectores
La intensificación de las protestas agrarias y los efectos en el empleo agrario han forzado al Gobierno a tener en la recámara la posibilidad de rebajar las cotizaciones sociales a los agricultores, para amortiguar los efectos del Salario Mínimo Interprofesional.
El propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, fue el primero en hablar en una entrevista en Canal Sur Radio de la posibilidad de bonificar las cotizaciones, tras conocer el fuerte malestar que había generado en el campo el incremento del salario mínimo, el tercero consecutivo, y su impacto en un sector agrario que sufría una grave crisis de precios.
Planas fue desautorizado por el resto del Gobierno, y matizó posteriormente sus declaraciones, rechazando tal posibilidad.
Aunque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, negó cualquier repercusión en el empleo de la Subida del Salario Mínimo a 950 euros, los datos del INEM de enero fueron demoledores: el desempleo se elevó a 150.045 personas, con un incremento de 9.085 -un aumento del 6,45%- con respecto a diciembre de 2019, el más alto de los registrados desde 2013.
Más paro
El departamento de Yolanda Díaz no parece confiar mucho en una mejora en los próximos meses, a tenor de la decisión anunciada el pasado viernes de reducir de 35 a 20 las peonadas necesarias para cobrar el subsidio agrario (antiguo PER), cuyos principales beneficiarios son los votantes de partidos de la izquierda.
En el Ministerio de Agricultura, sin embargo, conocen la fortaleza y unidad de las organizaciones agrarias en este pulso al Gobierno y ya han advertido que van a continuar e intensificar las movilizaciones en caso necesario.
Una vez descartado, tal y como pidió el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Varas, la territorialización del SMI, las posibilidades de hacer algún gesto que apague un campo "en llamas", son muy limitadas. Una de las medidas es la bonificación de las cotizaciones a la Seguridad Social, que con el aumento del SMI han disparado los costes laborales en el campo. En las dos últimas subidas, el Salario Mínimo se ha incrementado un 34,24%, al pasar de los 825 euros de 2018 (dividiendo las 14 pagas por 12 meses) a los 1.108 euros de 2020. A esto hay que añadir las cotizaciones sociales.
La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, volvió el pasado miércoles a abrir la puerta a lo que parecía una postura inamovible del Gobierno. "Un Salario Mínimo Interprofesional común a todas las Comunidades Autónomas es lo adecuado, sin perjuicio de que haya un tratamiento específico a algunos sectores", matizó.
Fuentes de este Ministerio matizaron que se trataba de "un análisis del impacto de la subida en los distintos sectores, sin que necesariamente se tengan que tomar medidas ya que probablemente no hagan falta, porque no será negativa".
Descapitalización laboral
Además del incremento del desempleo, la subida del Salario Mínimo amenaza con provocar un segundo efecto: la descapitalización laboral del campo.
Muchos agricultores están huyendo de cultivos que precisan mano de obra a otros más mecanizados, lo que forzará el éxodo de jornaleros a otros sectores o territorios, informa Rafael Daniel.
A corto plazo, el foco de atención está en los tribunales. La organización agraria Asaja Andalucía está a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso que presentaron contra la subida del SMI de 2019.
Asaja Sevilla ha recurrido ante el Tribunal Suremo la subida del SMI de 2019
Según explica Felipe Gayoso, la organización agraria cree que el Gobierno incumplió la ley al aprobar una subida que carecía de los informes preceptivos del Consejo de Estado y que vulneró los parámetros a los que el Ejecutivo, previa consulta a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales, tiene que atender para fijar el SMI: tener en cuenta el IPC, la productividad nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.
"El sector agrario no puede pagar el SMI en las proporciones que se ha subido. Es una barbaridad para un sector que no tiene precios suficientes para sus productos", explica Gayoso.
La Abogacía del Estado se ha opuesto a la estimación del recurso. alegando que Asaja Sevilla no está legitimada, algo que Gayoso niega "porque estamos habilitados como asociación empresarial".
Asaja Sevilla ya ha anunciado que recurrirá también la última subida, aunque está a la espera de que se resuelva el litigio anterior para materializarlo.
Fuente: Conserjo General de Graduados Sociales de España