- Desde el 1 de octubre, el teletrabajo en la AGE se reducirá al 20%
- El sistema de cita previa finalizará el próximo 31 de diciembre
- CSIF pide un modelo híbrifo: 40% oficina, 60% teletrabajo
Indignación en el funcionariado. A partir del 1 de octubre el teletrabajo en la Administración General del Estado se restringirá a, como máximo, a un día a la semana (un 20% de la jornada), frente a los tres días semanales que acordaron el Ministerio de Hacienda y los sindicatos en abril, ha avanzado este miércoles la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
La resolución, que CSIF se ha negado a suscribir, también establece la finalización del sistema de cita previa para el 31 de diciembre.
Según ha expuesto el sindicato en un comunicado publicado este miércoles, la resolución que se ha tomado, que sustituye a otra que permitía hasta cuatro días de trabajo a distancia, no reúne los requisitos necesarios para garantizar en las mejores condiciones la vuelta al trabajo presencial.
La propuesta de CSIF pasa por un modelo híbrudo de 40% en presencia física y 60% en trabajo telemático (3 días a la semana), con un criterio similar al que se ha acordado para la etapa de normalidad, una vez finalizada la pandemia. "De esta manera se podría retornar a la presencia física con máximas garantías de seguridad de todos los empleados públicos y permite desarrollar el trabajo telemático, que ha sido muy positivo en la Administración General del Estado", defiende el sindicato.
Vuelven las reuniones presenciales y los viajes
La resolución también establece que las reuniones serán presenciales con carácter general o en modo mixto; levanta la prohibición a los viajes, aunque dando prioridad a las videoconferencias; prioriza que los cursos sean por medios telemáticos; e incentiva también los medios telemáticos para las pruebas selectivas.
"La Administración debería poner en valor la experiencia positiva que ha supuesto el desempeño del trabajo en modo telemático que durante todos estos meses de pandemia ha garantizado el funcionamiento de la Administración y el mantenimiento de prestaciones a los ciudadanos en ámbitos como el Empleo, la Hacienda Pública, la Seguridad Social y tantos otros que suponen la columna vertebral de nuestro Estado", subrayan desde el CSIF.
El sindicato que preside Miguel Borra ha instado al Ministerio de Hacienda y Función Pública a elaborar "sin dilación" una norma que plasme el acuerdo de teletrabajo en la AGE, que es el que, a su juicio, debería ser de aplicación en condiciones normales cuando termine la actual crisis sanitaria.
Excepciones para mantener el teletrabajo
La resolución adoptada por Función Pública sólo introduce, como excepciones, que se pueda desarrollar el 100% de la jornada en la modalidad telemática en los casos de personas con cáncer o inmunodeficiencia; por motivos de cuarentena; en zonas en las que se produzca un repunte o nuevas olas del covid, y en el personal en el Exterior en determinadas circunstancias.
CSIF además ha denunciado que la vuelta a la presencialidad se va a materializar con unas plantillas "bajo mínimos". Un ejemplo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que "rescindirá el contrato de otros 500 interinos a finales de este mes y a finales de año habrán salido las 1.500 personas que se contrataron de refuerzo por el covid" y que el Gobierno no renovará, ha advertido el sindicato.
El pasado mes de abril, Miquel Iceta, entonces ministro de Función Pública, acordó con los sindicatos que los funcionarios de la AGE podrían teletrabajar de manera voluntaria tres días a la semana.
Tras el cambio de criterio, también desde UGT han solicitado al Ministerio Hacienda y Función Pública que aplique el acuerdo firmado en abril y ha manifestado su "desconcierto" ante la actitud de la Administración, a la que acusa de cambiar "constantemente" de criterio, "llegando incluso a plantear su intención de hacer desaparecer la modalidad no presencial de la prestación de servicio".
Desde UGT también se critica que la Administración proponga el retorno completo al trabajo presencial a partir del 1 de octubre, salvo en el caso de colectivos vulnerables, y sin embargo mantenga en régimen telemático otros aspectos, como cursos y actividades formativas, pruebas selectivas, reuniones, viajes o diálogo social.
En respuesta a las críticas, desde Hacienda insisten en que el acuerdo que se firmó en abril "se va a cumplir" y que se llevará a un Real Decreto para su entrada en vigor.
Fuente: Consejo General de Graduados Sociales de España