“Esto de la nueva política debe consistir en hacer cosas que antes nadie se atrevía a hacer sin que se le cayera la cara de vergüenza”. Así valoraba un político con varias legislaturas sobre sus hombros la decisión de Pedro Sánchez de anunciar elecciones para el 28 de abril, sin convocarlas. Y sobre todo, así valoraba el hecho de guardarse tres semanas en la manga para legislar por la vía del decreto ley hasta el último momento eludiendo a un Parlamento ya en fuera de juego.
Todos los Gobiernos, sin excepción, cuando anunciaban la próxima convocatoria de elecciones, ordenaban inmediatamente el cese de toda actividad legislativa de carácter político, conscientes como eran de que, desde ese momento, ya no estaban de alguna forma legitimados para contraer hipotecas a tan solo unos días de que el pueblo se pronunciara. En el año 2011, el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero advirtió en julio que convocaría en noviembre de ese año las elecciones, reservándose unos meses para legislar, pero con el Parlamento plenamente operativo. Luego, en realidad, apenas tomó ninguna iniciativa. Pero lo que ha ocurrido ahora no tiene precedentes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace una semana la fecha de las elecciones generales, pero no las convocará hasta el próximo 5 de marzo. Un hecho que esconde, a la vista de los acontecimientos posteriores, una clara voluntad de legislar sin control. La decisión de utilizar estas dos últimas semanas antes de que se convoquen oficialmente las elecciones para colar decretos que no serán vistos en la tramitación ordinaria del Pleno, sino en la Diputación Permanente, rompe con el juego limpio que hasta ahora había imperado en 40 años de democracia.
Nadie utilizó el “tiempo de descuento” para gobernar, salvo en algunos casos muy tasados y aceptados por todos como la elaboración de leyes para hacer frente a situaciones excepcionales sobrevenidas, como desastres o similares, que eran atendidos inmediatamente aunque las Cámaras estuviesen disueltas. Cualquier otra cosa que excediera esto se consideraba un uso partidista de los instrumentos del Estado totalmente inaceptable. El Gobierno de Pedro Sánchez, con solo 84 diputados, ha superado esa línea roja. Y no ha tenido reparos en proclamarlo a los cuatro vientos. La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, se descolgó hace unos días adelantando que se iba a seguir gobernando porque “para eso está la Diputación Permanente”. La buena práctica política dice que esto no es así. El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, iba más lejos al equiparar algunas leyes que ahora va a colar el Gobierno por este procedimiento como “urgencias sociales”. Pero esas “urgencias” a las que se refería Saura no están contempladas en el manual de la buena política. La primera que presentará por este heterodoxo método es la contrareforma laboral del Ministerio de Trabajo que regula aspectos de vital importancia como las subcontrataciones, los registros horarios o la restauración de la primacía de los convenios sectoriales sobre los de empresa. Una reforma, de importante alcance, sobre la que ha habido meses para trabajar –lo que desmonta el argumento de la urgencia social-, y que ahora pretenden colocar por la puerta de atrás.
Existe la posibilidad de que el Gobierno recupere también en el último minuto el fracasado decreto sobre alquileres previamente retocado al gusto de Podemos, lo que supondría un nuevo giro legislativo sobre un asunto que ya ha sembrado suficiente inseguridad jurídica en el mercado. Otras iniciativas como la Ley del Clima serán presentadas como anteproyecto de Ley con el único objetivo de culminar una puesta en escena que no irá más allá. “Les da igual sacar adelante una Ley o no. Lo que pretenden es presentarla como pura estrategia electoral. Es un trágala. Si se la convalidan la venderán como un logro, pero si no, lo utilizarán como consigna electoral diciendo que les han impedido tomar una medida social”.
La mayor parte de las leyes que se han tramitado en esta corta legislatura con Pedro Sánchez al frente se han presentado como decretos ley que, una vez convalidados, se tramitaban como proyecto de ley en el Congreso con su correspondiente debate y plazo para modificaciones. “Ahora el Gobierno presenta el decreto y dice que esto es lo que hay. Lo tomas o lo dejas. Eso es manejar los instrumentos que tiene el Gobierno para hacer pura campaña electoral”. La última reforma de la Ley General Electoral pretendía acabar con cualquier posición ventajista del Gobierno, pero poniendo especial énfasis en inauguraciones y otros eventos de este tipo que, bajo el paraguas del Ejecutivo en funciones, se utilizaban como reclamo electoral. Ahora el Gobierno ha ido más lejos, al instrumentar los minutos de descuento para gobernar.
La última jugada que prepara el Partido Socialista con el apoyo de Podemos es forzar el dictamen de las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP, sin llevarlo al Pleno. Un documento que no tiene otro objetivo que gritar a los cuatro vientos la vinculación del Partido Popular con la corrupción en el inicio de la campaña electoral que decidirá el próximo Gobierno de España.
Fuente: Expansión Pro-Orbyt