- Dispone de 796 millones y debe pagar la mitad del despido de medio millón de personas
- Sólo se podrá mantener en Erte a 273.000 de los 773.000 en esa situación
El Fogasa dispone de un presupuesto de 796 millones de euros, el cual sólo daría para cubrir el 25% de las indemnizaciones por despido si prosperara la propuesta de la patronal madrileña CEIM de que el Fondo de Garantía Salarial y la empresa paguen a partes iguales el coste de despedir a alrededor de medio millón de trabajadores actualmente bajo un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (Erte) -de un total de 773.000- que con alta probabilidad pasarían a Ere y, por tanto, al paro.
El gran riesgo actual en el mercado de trabajo es que cientos de miles de personas que actualmente están en Erte pasen a estar en un Expediente de Regulación de Empleo (Ere) y, en consecuencia, pierdan su empleo definitivamente. Más concretamente, medio millón de personas se encontrarían en esta situación en los próximos meses, ya que serían Ertes que perderían la condición de causa de fuerza mayor. Según la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, en este momento hay 773.000 trabajadores bajo un régimen de Erte, de los cuales 634.000 son de fuerza mayor vinculados al coronavirus y 139.000 por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
Si en vez de hablar de ese medio millón de trabajadores, la estimación se efectúa con los 1,2 millones de personas que saldrían en total de Ertes al paro, como calcula la Autoridad Indepdendiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el coste del 50% de esas indemnizaciones ascendería a 1.500 millones de euros, el doble de la disponibilidad del Fogasa.
El coste de una medida como la propuesta parte de varios supuestos. En primer lugar, el Fogasa paga indemnizaciones por despido objetivo equivalentes a 20 días por año trabajado con un tope de 73,88 por día (sólo indemniza el doble del SMI anual en 14 pagas) y también un tope de un año (12 meses de salario, concretamente 26.596,80). En el caso en que el despido es improcedente, el Fogasa paga indemnizaciones por despido de 30 días por año trabajado. Con estas condiciones que son las que impone el Fogasa, en segundo lugar, es necesario definir el perfil de trabajador. Para ello, se considera el salario medio más reciente (23.450,25 o 1.954,18 en 12 pagas) siendo el último dato publicado por la Encuesta de Coste Laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE). Y, por último, también según el INE, la gran mayoría de los trabajadores tienen una antigüedad de más de 6 años en su puesto de trabajo, concretamente 10,6 millones de trabajadores en 2019, mientras que 2,5 millones de trabajadores tienen una antigüedad de entre 3 y 6 años.
En este sentido, la indemnización por despido mediana se sitúa en 100 días, lejos del tope legal de lo que paga el Fogasa. Por tanto, el coste del despido sería de 7.388 euros per cápita (próximo a la indemnización tipo que pagó el Fogasa en 2019). Si los despidos ascienden a 500.000, el coste total se situaría en 3.694 millones de euros. Si el Fogasa se hace cargo de la mitad, tendría que afrontar una carga de transferencias de 1.847 millones de euros, lo cual supera en algo más del doble de su actual presupuesto prorrogado en 2020 (que es el Presupuesto General del Estado de 2018 prorrogado en dos ocasiones) según el Ministerio de Hacienda. El Fogasa ha tenido en los últimos años menor presión por el menor abono de prestaciones durante la fase expansiva del ciclo. En 2019, el Fogasa pagó en prestaciones 520,95 millones frente a 556,1 millones en 2018, de las cuales en indemnizaciones se pagaron 329,42 millones y 357,35 millones, respectivamente.
Peores perspectivas
Unas perspectivas económicas más negativas que antes del verano, unido a la falta de confianza de los empresarios en una recuperación sostenida de la economía, llevarán a un ajuste importante tanto de plantillas como de salarios. Mientras la evolución económica parecía estar "congelada" de forma provisional durante el confinamiento y en los meses siguientes hasta el verano, las empresas también "congelaron" su plantilla a la espera de una mejoría de la situación, poniendo como principal objetivo la salida gradual de los trabajadores del Erte durante el verano.
Sin embargo, la coyuntura no ha sido favorable. Desde mediados de julio, las perspectivas de cómo iba evolucionar el verano empeoraron de forma significativa. A la falta de medidas de seguridad suficientes para garantizar un "turismo seguro" se unieron los rebrotes en diferentes partes del territorio y, al mismo tiempo, se recrudeció la crisis política en la que España está sumida desde hace 3 años con los conflictos entre los integrantes del Gobierno central y de éste con las administraciones territoriales, incluso las locales. Mientras los países del entorno como Francia, Alemania o incluso Italia han experimentado una recuperación más sólida, los indicadores adelantados de España no sólo eran peores de lo esperado por el consenso de mercado sino que, además, se está produciendo una divergencia creciente en la trayectoria, atrasando la recuperación prevista hasta finales de 2022.
Con lo cual, es inevitable una oleada de despidos que introduce un elemento de presión extraordinaria sobre las cuentas de las empresas pero también sobre las cuentas de la Seguridad Social, la cual en el Fogasa hasta ahora ha tenido un aliado (igual que el Sepe) para rebajar el importe de los préstamos anuales de la caja pedidos al Tesoro para pagar las pensiones. Ahora estas áreas serán todavía más deficitarias y, por tanto, exigirán un gran consumo de recursos.
Fuente: Consejo General de Graduados Sociales de España