- Junts afirma que la "precipitación" del debate ha impedido que puedan cerrar un acuerdo
- La vicepresidenta responde a PP y Vox presentado las 37,5 horas como una mejora salarial
PP, Vox y Junts han votado en contra del proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha visto como su iniciativa estrella ha sido rechazada por el Congreso de los Diputados al prosperar las enmiendas de la oposición.
La ministra ha encarado en solitario el debate parlamentario previo a la votación. Los escaños situados a su derecha e izquierda, habitualmente ocupados por el presidente Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero estaban vacíos. También todos los aleñados, solo el responsable de Justicia -que tenía que defender otro proyecto- ha ocupado su asiento mientras se sometía a examen este borrador. Al otro lado del hemiciclo, los ministros de Sumar, seguían todas las intervenciones.
Díaz se negó a tomar la palabra antes de que lo hicieran los tres partidos que van a materializar un veto a la reducción de jornada en el Congreso de los Diputados y después, en una réplica que ha durado algo más de cuarenta minutos se ha comprometido a recuperar el texto, sin fijarse nuevos plazos para que la ley sea debatida en el Parlamento o incluso, sea de aplicación para el conjunto de las empresas.
"Vamos a insistir y esta norma va a abrirse camino" ha advertido en clara alusión a Junts, grupo al que ha pedido que regrese al diálogo tras enseñar los papeles que contenían las ayudas a las pequeñas y medianas empresas que les han ofrecido en la negociación llevada a cabo en los últimos meses. La ministra de Trabajo ha acusado a Junts, PP y Vox de alinearse con los intereses empresariales y se ha revindicado como representante de los trabajadores en un debate propio de la lucha de clases.
El Ministerio de Trabajo quiere cambiar el Estatuto de los Trabajadores para establecer en 37,5 horas el límite a la jornada máxima que ahora se encuentra situado en 40 horas, endurecer las obligaciones de las empresas en materia de registro horario y elevar las sanciones que se les pueden poner por su incumplimiento. No obstante, se ha topado con el rechazo de Junts, PP y Vox, que advierten de las consecuencias económicas que tendría implementar una medida de estas características a través de una ley y no mediante la negociación colectiva.
"La precipitación se ha cargado cualquier posibilidad de acuerdo" ha confesado el diputado de Junts Josep María Cervera Pinart al defender la enmienda a la totalidad presentada por su grupo parlamentario contra esta ley. El portavoz ha reconocido que registraron este veto con el objetivo de abrir una nueva fase de negociación con Trabajo, pero que las conversaciones iniciadas en el mes de julio no han sido suficientes para revertir los factores que ponen en riesgo la viabilidad de miles de pequeñas y medianas empresas en Cataluña, ya que la estrategia de PP, VOX y UPN de forzar la votación para este miércoles ha impedido que avanzaran en septiembre.
Los esfuerzos realizados por el Ministerio de Trabajo en los últimos dos años para articular una mayoría favorable a este cambio legislativo no han conseguido dar suficientes frutos, según quedó latente a comienzos de semana cuando la portavoz del grupo parlamentario catalán en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, trasladó a la cartera que lleva los temas laborales que mantendrían su enmienda a la totalidad y, en consecuencia, impedirían que el Proyecto de Ley pudiese avanzar en su tramitación parlamentaria.
El departamento de Trabajo era consciente desde el inicio de las conversaciones con los representantes de la patronal y los sindicatos de que la posición que adoptasen los empresarios iba a ser clave para allanar el terreno con Junts. Esto hizo que todavía con la mesa de negociación abierta, la vicepresidenta segunda hiciera una visita a Barcelona en la que se encontró con los líderes de la patronal asociada a CEOE, Foment del Treball, y Pimec, la otra organización personal que tiene un gran peso en Cataluña y a la que Junts ha demostrado ser muy próxima.
De hecho, el equipo negociador de Sumar confiaba en poder llegar a un consenso con esta segunda organización empresarial para sentar las bases de un futuro acuerdo político con Junts, ya que en esta ocasión, la patronal encabezada por Josep Sánchez Llibre no mostró ninguna grieta con la de Antonio Garamendi y ambas mostraron un rechazo férreo a la iniciativa legislativa. Tanto es así que fue el exdiputado de Convergència i Unió (CiU) el que llevó a cabo los contactos con el grupo parlamentario en Madrid para atar su negativa a las 37,5 horas.
Por ello Díaz recurrió a ofrecer a Pimec que se atribuyera el mérito de una serie de medidas compensatorias para las pequeñas y medianas empresas (el denominado plan pyme 375) para propiciar el respaldo de Junts, según apuntan diferentes fuentes empresariales. Es cierto que la formación catalana muestra mucha sintonía con esta organización empresarial, si bien, estos rechazaron la oferta de Trabajo y cuando el Gobierno cerró el acuerdo con los sindicatos, organizaron un acto en Madrid junto a Conpymes en el que verbalizaron que "así no" se podía reducir el tiempo de trabajo semanal. Una frase que repetía la dirigente de Junts esta mañana.
Tal y como contó elEconomista.es, la ministra de Trabajo hizo un tercer intento de persuadir al empresariado de Cataluña con una cena con los máximos dirigentes de Cecot, la organización empresarial clave de la comarca del Vallès donde se sitúa gran parte de la industria catalana. De acuerdo con las fuentes consultadas, Díaz ofreció a la patronal asociada a Foment del Treball y que actualmente ostenta una vicepresidencia de Cepyme, un "cheque en blanco" a cambio de respaldar el recorte de 40 a 37,5 horas de trabajo a la semana. Trabajo preguntó acerca de medidas compensatorias que pudieran mover su posición, pero de nuevo, los empresarios dieron un 'no' a Díaz.
Seguidamente, Junts, PP y Vox registraron tres enmiendas a la totalidad que se espera que hoy secunde la mayoría de la Cámara, en las que se demanda que el texto que busca limitar el tiempo máximo de trabajo sea devuelto al Gobierno, un gesto con el que se materializará la derrota parlamentaria a una iniciativa clave de la legislatura, especialmente para Díaz. El Ministerio de Trabajo está dispuesto a volver a llevar la iniciativa al Congreso de los Diputados sin hacer cambios, con la esperanza de que pueda tener un resultado diferente si cuentan con más margen para desarrollar las negociaciones con los grupos que se han opuesto al borrador de la norma.
CEOE y CEPYME celebran que los grupos parlamentarios hayan rechazado el proyecto de Ley de reducción de jornada. "Con esta decisión se evita un grave impacto negativo sobre la economía, el empleo y también sobre los consumidores y es plenamente coherente con la ausencia de resultados en el diálogo social", ha subrayado en un comunicado.
La patronal defiende que el debate sobre la jornada laboral debería regresar al diálogo social y la negociación colectiva sectorial. "Defendemos que la reducción de jornada, como cualquier mejora en las condiciones de los trabajadores, debe hacerse mediante la negociación colectiva, equilibrando las necesidades de empresas y trabajadores. Ese ha sido siempre el camino del progreso y la paz social en España durante más de 40 años", han añadido.
"Hemos advertido de que una reducción de jornada impuesta, sin tener en cuenta la realidad de empresas, pymes y autónomos, generaría problemas organizativos, menor productividad, más costes, una menor calidad de los servicios, y un menor atractivo para la inversión, todo ello en un contexto de difícil cobertura de vacantes. Esto habría afectado al crecimiento económico, la creación de empleo y la oferta para los consumidores", han recordado.
Fuente: elEconomista