- El Parlamento, con los votos en contra del PP, Vox y Junts, ha tumbado una propuesta de Sumar para prohibir los despidos en las empresas que trasladen su producción a otros países. También pretendía obligarles a devolver ayudas públicas
- El Congreso de los Diputados ha rechazado el pasado martes la proposición de ley impulsada por Sumar para prohibir los despidos colectivos a empleados en empresas que trasladen su actividad fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. La iniciativa ha sido tumbada con 178 votos en contra, 168 a favor y una abstención, tras el rechazo de PP, Vox y Junts, mientras que Coalición Canaria se ha abstenido
La propuesta buscaba blindar el empleo en procesos de deslocalización, impidiendo a las empresas ejecutar despidos colectivos vinculados al traslado de su actividad fuera del entorno comunitario. Además, contemplaba la devolución de ayudas públicas recibidas en los cuatro años previos y reforzaba el papel de los sindicatos en los procesos de venta o transmisión de unidades productivas.
El resultado de la votación deja sin recorrido parlamentario una iniciativa que había generado división entre los grupos y que, aunque contaba con el respaldo de PSOE, PNV, EH Bildu, ERC, BNG y Podemos, no ha logrado superar el rechazo de la mayoría del hemiciclo.
Los grupos que han votado en contra han coincidido en criticar el carácter intervencionista de la norma y su impacto potencial sobre la actividad empresarial. Desde el Partido Popular se ha calificado la propuesta de “desproporcionada”, al entender que introduce una injerencia excesiva en la capacidad de organización de las empresas.
Durante el debate, los populares advirtieron de que la iniciativa imponía nuevas cargas burocráticas y limitaciones que podrían desincentivar la inversión. A su juicio, reformas de este calado deberían abordarse en el marco del diálogo social, contando con empresas y sindicatos, y no a través de iniciativas unilaterales en el Parlamento.
En una línea similar, Vox cuestionó especialmente la obligación de devolver ayudas públicas, al considerar que se trata de una medida “muy amplia” que podría penalizar decisiones empresariales legítimas. También criticó que la norma se centrara únicamente en deslocalizaciones fuera de la UE, dejando fuera otros supuestos.
Por su parte, Junts alertó de que la propuesta endurecía el marco laboral hasta hacerlo más rígido. Según su valoración, bajo el argumento de proteger al trabajador se estaba configurando un entorno normativo que podría dificultar la competitividad empresarial y, en última instancia, afectar al empleo.
Frente a estas críticas, Sumar defendió que la iniciativa respondía a la necesidad de proteger el tejido industrial y evitar la destrucción de empleo derivada de la deslocalización. Tras la votación, su portavoz cargó contra “las derechas” por votar en contra de una medida que, a su juicio, pretendía responder a la “España real” de los trabajadores.
La proposición de ley partía de la premisa de que las deslocalizaciones empresariales generan desinversión, cierre de centros productivos y pérdida de empleo. Para hacer frente a este fenómeno, Sumar proponía una reforma del Estatuto de los Trabajadores con varias medidas de calado.
La principal era la prohibición de ejecutar despidos colectivos o extinciones contractuales por causas objetivas cuando la empresa trasladara su actividad fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Es decir, una compañía no podría justificar un ERE en España si simultáneamente deslocalizaba su producción a terceros países.
Además, la norma planteaba impedir otras medidas laborales vinculadas a estos procesos, como modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo o inaplicaciones de convenios colectivos asociadas al traslado de la actividad.
Otro de los pilares de la iniciativa era la devolución de ayudas públicas. Las empresas que hubieran recibido beneficios ligados a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o al Mecanismo RED en los cuatro años anteriores estarían obligadas a reembolsarlos si decidían deslocalizarse fuera de la UE.
Este punto generó especial controversia, ya que afectaba directamente a negocios que hubieran recibido apoyo público en contextos de crisis y posteriormente optaran por reorganizar su producción a nivel internacional.
La propuesta incluía también medidas de transparencia en los procesos de venta o transmisión de empresas. En concreto, obligaba a proporcionar información detallada a la plantilla y garantizaba la participación de los sindicatos en las negociaciones entre comprador y vendedor.
Según Sumar, este conjunto de medidas pretendía reforzar la “democracia en la empresa” y proteger los derechos de los trabajadores en situaciones de crisis empresarial o reestructuración.
El debate sobre la iniciativa estuvo marcado por ejemplos concretos de deslocalización industrial, como el de la planta de Sekurit en Avilés o los procesos vividos en la industria textil. Para sus defensores, estos casos evidencian la necesidad de un mayor control público sobre las decisiones empresariales que afectan al empleo.
Sin embargo, para sus detractores, la ley suponía un riesgo de sobrerregulación que podría tener efectos contraproducentes, como la fuga de inversiones o la pérdida de competitividad.
Con el rechazo del Congreso, la propuesta queda definitivamente descartada en su forma actual. No obstante, el debate sobre cómo afrontar las deslocalizaciones –y hasta qué punto deben condicionarse las decisiones empresariales cuando hay ayudas públicas de por medio– seguirá presente en la agenda económica y política.
Fuente: AyE