Aunque el plazo se agota, el Gobierno y los agentes sociales no encontraron este lunes un punto de acuerdo para determinar cuáles van a ser las características de los Ertes que estarán en vigor hasta el próximo 30 de septiembre. Aunque sí decidieron no cejar en su empeño y se han dado más plazo en busca de consenso, a pesar de que el Consejo de Ministros era el idóneo para aprobar un nuevo RDL que sustituya a los Ertes que tienen validez hasta el 30 de junio.
Lo alternativa ahora es convocar un Consejo de Ministros extraordinario, previsiblemente este viernes, o aprobar la nueva regulación el mismo 30 de junio (último día en vigor de los actuales Ertes) para ser publicado en el BOE ese mismo día o el mismo miércoles, pero con valor legal desde las 00.00 de ese mismo día, una opción poco deseable.
El Gobierno creó el 12 de mayo una Comisión Tripartita de seguimiento del acuerdo firmado, también in extremis, entre el Gobierno y los agentes sociales cuyo cometido era determinar qué sectores deberían continuar en Ertes de fuerza mayor, bien de ámbito total (ningún trabajador se ha reincorporado a su puesto) o bien parcial (parte de la plantilla ya está trabajando), los conocidos como Ertes de segunda generación. Pero después de mes y medio de negociaciones, el acuerdo para la renovación se hace muy cuesta arriba al Gobierno.
Este lunes se reunía de nuevo la Comisión tras tres reuniones fallidas la semana pasada. En la última, el jueves, el Gobierno se comprometió a remitir una nueva propuesta con el fin de desbloquear unas posiciones encastilladas en las exoneraciones a la Seguridad Social de los Ertes de tercera generación que estarán en vigor hasta el próximo 30 de septiembre. Empresarios y sindicatos estuvieron esperando todo el fin de semana que el Ministerio de Trabajo enviase una propuesta por escrito para que pudiese ser debatida en la reunión del lunes. No fue así.
Durante la mañana del lunes, los agentes sociales confiaron en que el Gobierno les desvelaría, bien por escrito, bien de palabra, cuál es su decisión respecto a las peticiones conjuntas de sindicatos y agentes sociales para que dieran marcha atrás en su intención de premiar con mayores exoneraciones a las cuotas de los trabajadores que ya están incorporados frente a los que todavía continúan en sus casas cobrando del Sepe bajo el amparo de un expedientes de regulación temporal de empleo.
El Ministerio de Trabajo, en sintonía con lo agentes sociales, es partidario de que las cotizaciones de los trabajadores que ya han vuelto a la actividad sean abonadas en su totalidad a cambio de que se reduzcan en mayor medida los cuotas de los que no trabajan y, por tanto, no aportan ingresos a su empresa.
Pero el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, defiende lo contrario, bajo la tesis de que así se incentiva a las empresas a que vaya sacando empleados del Erte.
Fuente: Consejo General de Graduados Sociales de España