• El paro laboral a nivel nacional coincidirá con el arranque de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre

El próximo 11 de noviembre es la fecha que los sindicatos han situado como el día para la huelga general convocada con motivo de la derogación de los decretos de vivienda, que el Gobierno ha recuperado para buscar su aprobación en la Diputación Permanente ya con las Cortes disueltas. Fuentes sindicales apuntan que habrá una reunión en las próximas horas para certificar el día de forma definitiva y oficial, pero aseguran que en los contactos previos esta figura como «la fecha más probable».

En todo caso, a expensas de la confirmación definitiva, lo que sí es seguro es que el paro laboral tendrá lugar a pocos días de la celebración de las elecciones generales del 29 de noviembre, coincidiendo prácticamente con el arranque de la campaña.

Con la fecha elegida, más allá, parece que la polémica sobre el carácter político de las movilizaciones puede ir in crescendo. Más aún, cuando las organizaciones empresariales han rechazado en bloque la convocatoria asegurando que busca irrumpir en el debate político y el proceso electoral sobre la base de una cuestión que, además, es el Gobierno el que tiene la prerrogativa legislativa: el problema de acceso a la vivienda.

No obstante, el único anuncio oficial que hay hasta el momento de los sindicatos de clase, UGT y CCOO, vincula la huelga con la demanda de aumentos salariales. Una maniobra que según apuntan los juristas podría blindar la legalidad de la convocatoria a efectos de un eventual intento de las organizaciones empresariales de frenarla ante la Justicia.

Cabe recordar que CEOE, Cepyme y ATA ya han confirmado que estudiarán el pliego de la convocatoria para analizar si existe algún elemento contrario a la ley. Una huelga general se puede declarar ilegal cuando incumple los requisitos establecidos por la ley, concretamente bajo las causas recogidas en el la normativa sobre relaciones de trabajo, correspondiente a los tribunales la declaración de ilegalidad tras analizar el caso concreto. La ley establece que una huelga es ilegal cuando se inicie o se sostenga por motivos estrictamente políticos o con cualquier otra finalidad que sea ajena al interés profesional de los trabajadores.

«Supone una medida de prensión que persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda», aseguraban CEOE y Cepyme en el comunicado de rechazo de la convocatoria. Considerando «inadmisible que se pretenda trasladar a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una medida de presión que señala al Gobierno y a su gestión».

Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, advertía este miércoles los pequeños empresarios no tienen la «capacidad» ni la «llave» para resolver el problema de la vivienda al que se vincula la huelga, que afecta por igual a toda la ciudadanía, recordando que la responsabilidad recae en las administraciones.

«No tenemos la llave para solucionarlo. Un pequeño taller de Lorca, un panadero de Villanueva de la Serena o un productor de Padrón no tienen ninguna competencia sobre la vivienda ni ninguna solución que podamos ayudar a resolver», argumenta. La dirigente patronal lamenta que se esté «responsabilizando» a las empresas de un asunto en el que no cuentan con «margen de maniobra», y avisa de que la huelga «va a causar un problema mayor» a los empresarios

LOS FUNCIONARIOS SE DESMARCAN

Quienes no secundaran la huelga son los funcionarios o, al menos este es el llamamiento que hace el sindicato mayoritario entre los empleados públicos, CSIF. El presidente de la Central Sindical, Miguel Borra, confirmaba este mismo miércoles que su sindicato no secundará la huelga general por la crisis de la vivienda convocada por varias organizaciones, entre ellas CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas.

Borra marca distancias con la protesta al definirse como una organización «profesional e independiente» que no sigue «indicaciones políticas». «Desde CSIF respetamos todas las posiciones, pero no vamos a secundar la huelga. Somos un sindicato profesional e independiente, defendemos cuestiones laborales y no seguimos indicaciones políticas, como es el caso de esta huelga antes de las elecciones», argumenta el líder sindical.

Fuente: Expansión